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El ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, y el abogado Tomás Farini Duggan, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y FADD, pidieron hoy en la Justicia argentina que se ordene la “inmediata orden de detención internacional” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por las desapariciones forzadas de personas y otros delitos de lesa humanidad que el régimen cometió tras las elecciones del domingo pasado.

“Los hechos públicos (aquellos que se transmiten todos los días en redes sociales y canales televisivo) que exponen la sistemática ejecución de desapariciones forzadas, amenazas con armas de fuego, lesiones y ejecuciones en la vía pública por parte de funcionarios o adeptos al régimen que dirige Nicolás Maduro Moros desde el día en que se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela, obliga a los suscriptos a requerir la inmediata orden de detención internacional de los imputados en esta causa”, señalaron en el escrito que presentaron y al que accedió Infobae.

El planteo fue hecho ante el juez federal de Comodoro Py, Sebastián Ramos, que tiene bajo su cargo una causa por justicia universal por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Wolff y Farini Duggan pidieron que “se disponga sus extradiciones, y de esa forma asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley (art. 280 CPPN); es decir, que los imputados rendirán cuenta por los graves delitos de lesa humanidad sistemáticamente ejecutados en contra del pueblo Venezolano”.

La ampliación de la denuncia es por la desaparición forzada de personas en perjuicio de Rafael Sivira, coordinador juvenil en Caracas de la organización La Causa RVe, de Freddy Superlano, dirigente opositor y ex diputado, de 25 estudiantes de la UNES, por 749 detenciones de manifestantes que serán acusados de alteración del orden público, instigación al odio y terrorismo, y por 132 detenciones ocurridas esta semana durante las manifestaciones contra el fraude electoral del gobierno.

“Todos estos hechos, que han sido ejecutados por los órganos de seguridad del Estado Venezolano o por organizaciones paramilitares también armadas y dirigidas por el Estado que encabeza Nicolas Maduro, no solo se encuentran previstos y reprimidos en el artículo 142 ter del C.P. y receptado en la Ley 26.298, sino que son objeto de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual nuestro país y Venezuela son parte”, sostiene la presentación.

Fuente: Infobae