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Rectores de las universidades públicas de todo el país pidieron a los senadores que aprueben la Ley de Financiamiento Universitario que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y acordaron un proyecto de presupuesto 2025 que prevé una inversión del 1% del PBI en el sistema de educación superior. Lo hicieron en el marco del 92° Plenario de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se reunió este viernes en Santa Rosa, provincia de La Pampa.

Allí los miembros del CIN consensuaron un proyecto de presupuesto universitario de alrededor de 7.190 billones de pesos para 2025, una cifra que estimaron equivalente al 1% del PBI. En un comunicado, los rectores pidieron “aumentos razonables para el normal funcionamiento del sistema el próximo año”, mientras continúa el reclamo por los salarios de docentes y no docentes

El Consejo aprobó este viernes un “acuerdo plenario” que propone que las autoridades universitarias avancen en gestiones con los senadores de cada provincia para explicarles la importancia de aprobar la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo tratamiento está previsto la semana que viene en la Cámara de Senadores.

El proyecto sobre financiamiento universitario establece que los fondos para el sistema de educación superior en 2024 deben acompañar la variación del índice de precios al consumidor (IPC). Tiene un artículo referido específicamente a salarios, en el que se encomienda al Poder Ejecutivo “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional” entre diciembre y la sanción de la ley según “la variación acumulada de la inflación informada por el Indec durante dicho período”.

En los últimos meses las universidades vienen advirtiendo sobre el deterioro de los sueldos, y varias casas de estudio de todo el país –incluyendo la UBA– declararon la “emergencia salarial” de sus trabajadores. Un informe elaborado por las universidades nacionales de San Martín (UNSAM) y Río Negro (UNRN) estimó una pérdida del poder adquisitivo del 33,3% del salario de docentes y no docentes entre diciembre de 2023 y julio de 2024, con una inflación acumulada del 134,5% y una recomposición salarial de apenas el 56,9% –una diferencia de 77,6% puntos porcentuales–.

Fuente: Infobae