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Cuatro sindicatos aeronáuticos consideraron que la decisión del Gobierno de reglamentar la esencialidad del servicio aeronáutico para garantizar los vuelos es “arbitraria e ilegal” y, en ese sentido, advirtieron que “compromete a responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios”. En una actitud que profundiza la tensión en el sector, los gremios anunciaron que este miércoles, a las 11.30, harán una asamblea conjunta para decidir sus próximos pasos, al considerar que “la magnitud del conflicto ha escalado dejando al descubierto las verdaderas intenciones que el Gobierno tiene respecto del futuro de Aerolíneas Argentinas, Intercargo y la política aerocomercial del país”.

La reglamentación se anunció este sábado desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, luego de “constatarse que, tras el paro (del viernes) de los gremios del sector aerocomercial APLA y AAA, no se garantizaron servicios mínimos que deberían preverse en el marco de la esencialidad prevista en el Artículo 2 de la Ley 17.285″ del Código Aeronáutico de la Nación.

“Desde Capital Humano buscamos cuidar y defender a los miles de argentinos que se ven afectados cada vez que se definen medidas de fuerza en este sector”, dijo el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

El paro de 9 horas que dejó sin vuelos a 15.000 pasajeros en Ezeiza y Aeroparque fue llevado adelante por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), liderado por el kirchnerista Pablo Biró, y por la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que dirige el moyanista Juan Pablo Brey, ante el rechazo de Aerolíneas Argentinas al pedido de un aumento salarial del 25%.

Esta tarde, esos dos gremios más la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), difundieron un comunicado en el que señalaron que “el transporte ya está regulado como servicio público de importancia trascendental, en las condiciones establecidas por la norma, conforme la reglamentación del derecho de huelga, reconocido constitucionalmente, mediante la ley 25.877″.

Fuente: Infobae