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En una sesión marcada por tensiones políticas y negociaciones de último minuto, la oposición en el Congreso argentino consiguió reunir el quórum necesario para iniciar un debate que incluye temas de alto impacto, como el proyecto relacionado con la criptomoneda $Libra y la discusión sobre las moratorias previsionales. El quórum se alcanzó apenas diez minutos antes del inicio de la sesión, tras intensas gestiones que involucraron a diversos sectores políticos.

El oficialismo había logrado reducir el número de diputados opositores previstos para esta sesión pasando de 134 a 124, gracias a presiones ejercidas desde el jueves anterior. Sin embargo, un cambio de postura por parte de legisladores cordobeses resultó decisivo para que la oposición alcanzara los 129 diputados necesarios. Este giro fue liderado por Ignacio García Aresca, quien conversó con sus colegas Juan Fernando Brügge, Natalia De la Sota y Carlos Gutiérrez, todos integrantes del bloque Encuentro Federal, para que se sumaran al debate.

La participación de los diputados cordobeses fue clave para destrabar la sesión. La decisión de estos legisladores podría haber estado influenciada por conversaciones con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, lo que permitió que finalmente ingresaran al recinto. Una fuente parlamentaria señaló que “seguramente hablaron con el gobernador y decidieron avanzar y bajar”, en referencia a su cambio de postura.

Con la incorporación de los cordobeses y el apoyo de otros sectores, como los radicales Julio Cobos, Fabio Quetlas y Mario Barletta, la oposición logró reunir a 130 diputados en total. Este número incluyó también a representantes de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Democracia y la izquierda, lo que permitió dar inicio a una sesión que podría derivar en la interpelación de varios funcionarios del Ejecutivo.

Uno de los puntos más sensibles de la agenda legislativa es el proyecto vinculado a la criptomoneda $Libra, que ha generado preocupación en el oficialismo. Según trascendió, este tema ha sido motivo de tensiones dentro de la Casa Rosada, debido a las posibles implicancias políticas y económicas que podría tener para los funcionarios del Gobierno. Aunque no se detallaron los aspectos específicos del proyecto, su inclusión en el debate ha sido vista como un desafío directo al Ejecutivo.

Fuente: Infobae