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El intendente de Bariloche, Walter Cortés, sorprendió al anunciar una consulta popular obligatoria, donde presentará a la ciudadanía diez propuestas de alto impacto para el futuro del municipio. De perfil sindicalista y con un pasado en la conducción gremial gastronómica, el mandatario decidió recurrir a esta herramienta, luego de encontrar resistencia o demoras en el Concejo Deliberante para varias de sus iniciativas.
La consulta tendrá lugar el domingo 9 de noviembre, dos semanas después de las elecciones nacionales, y se empleará una boleta única de papel. Los vecinos de Bariloche deberán responder, de forma individual y por sí o por no, a cada uno de los diez puntos propuestos desde el Ejecutivo municipal. El referéndum es de carácter vinculante y, según el intendente, será obligatorio, ya que, quienes no participen, enfrentarán una sanción particular, que consiste en la entrega de una bolsa de cemento, cuyo valor en la zona supera los diez mil pesos actuales.
Entre las propuestas principales, Cortés plantea eliminar el pago de sueldos municipales a dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Bariloche (Soyem) que no presten funciones para el municipio. Según el intendente, la iniciativa busca adecuar la situación a lo establecido en la ley nacional de asociaciones sindicales, trasladando el pago de los salarios sindicales exclusivamente a los aportes de los afiliados, como ocurre en otros gremios del país.
El segundo punto de la consulta gira en torno a la habilitación formal de aplicaciones de transporte como Uber dentro de la ciudad. Aunque la aplicación ya opera en los hechos, su legalización enfrentó la resistencia del sindicato de taxis, con peso histórico en Bariloche.
La crisis habitacional también ocupa un lugar destacado en la agenda del intendente. Otro de los ejes de la consulta es la extensión de la emergencia habitacional, que implicaría exigir a todo desarrollador de tierras ceder el 22% de los lotes de cada nuevo emprendimiento para uso social. En este sentido, Bariloche enfrenta una demanda creciente, ya que, según datos municipales, unas 6.000 personas reclaman acceso a tierras para construir su vivienda.
Fuente: Infobae