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La justicia nacional del Trabajó suspendió los dos decretos del gobierno nacional de Javier Milei que establecieron como servicio esencial al sistema de aeronavegación. El juez Ricardo Hierrezuelo aceptó un planteo de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y dictó una medida cautelar que suspende los decretos 825 y 831 por tres meses. El magistrado entendió que esa regulación afecta el derecho de defensa de los pilotos.

A mediados de mes, el gobierno publicó en el Boletín Oficial esos dos decretos en los que fijó al servicio de transporte aéreo como esencial. En los hechos eso implicaba que ante una medida de fuerza los gremios debían informarla con cinco días de anticipación y que en la huelga debían prestar como mínimo el 50% del servicio para no afectar a los pasajeros.

La medida se dio tras el paro de 24 horas de gremios aeronáuticos en reclamo de aumentos salariales y de las fuertes críticas cruzadas entre el gobierno de Milei y Pablo Biró, titular de la APLA, entidad que presentó el amparo en la justicia en el que reclamó que se declare la inconstitucionalidad de los dos decretos que fijaron como esencial el servicio de aeronavegación

En su demanda, los abogados de APLA señalaron que la medida limita el derecho a huelga que tienen todos los trabajadores garantizado por la Constitución Nacional y que decretar una actividad como esencial se debe hacer por ley. El gremio también señaló entre sus argumentos que en el conflicto con el gobierno se aplicaron procedimientos obligatorios de conciliación, por lo que el estado nacional tiene mecanismos para intervenir ante un conflicto, y que es discriminatorio apartar al transporte aéreo del derecho de huelga. Y solicitaron una medida cautelar que suspende los decretos hasta que se resuelva el pedido de inconstitucionalidad.

El gobierno de Milei contestó la demanda y le solicitó a la justicia que la rechace. Explicó que los decretos no prohíben el derecho de huelga sino que lo reglamenta para “evitar abusos de derecho, el cercenamiento de los derechos de los restantes ciudadanos, los daños irreversibles que pueden producir a la salud, la seguridad, a la vida y a los derechos de otras personas que merecen el mismo respeto a su dignidad”.

Fuente: Infobae