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La investigación judicial por el manejo de los planes sociales arrancó con una avalancha de denuncias a la línea 134 sobre supuestas extorsiones para ir a las marchas pero con el paso de los días derivó en una posible defraudación millonaria a las arcas del Estado. El juez Sebastián Casanello detectó facturas truchas de dos sociedades, una muy ligada al Polo Obrero, por un total de $25 millones de pesos. Esas facturas, por venta de bienes y hasta de computadoras, se habrían utilizado para justificar egresos de dinero.

Una de las firmas apuntadas es una imprenta denominada “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL”, con sede en la calle Palestina 542, en el barrio de Almagro. En ese lugar hay un modesto PH, que fue allanado cuando la causa estaba bajo secreto de sumario. La Policía fue recibida por el hijo del ex legislador Marcelo Ramal, que viviría ahí con su madre y otra persona. De la imprenta, no había ningún rastro.

No es todo. Infobae reveló ayer que la imprenta, ligada a actividades políticas del Partido Obrero, tiene apenas dos empleadas registradas. Una de ellas es Claudia Ferrero, una de las abogadas que se presentó como defensora de varios de los imputados en la causa.

La otra firma que habría aportado facturas es Coxtex SA, creada en 2020 y supuestamente dedicada a la venta de electrodomésticos, celulares y accesorios de computación. “Está en la base de datos de la AFIP como una empresa usada para proveer facturas apócrifas”, detalló una fuente de Tribunales.

Este lunes, al citar a indagatoria a 23 personas, el juez Casanello habló de “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”. Entre las dos firmas acumularon facturas por $25 millones.

Fuente: Infobae