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La Cámara Federal porteña decidió este jueves confirmar los procesamientos de un grupo de dirigentes del Polo Obrero, encabezados por Eduardo Belliboni, pero agravó los delitos por los cuales estaban investigados: consideró que en el caso hubo “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión”. Con esas figuras, de ser encontrado culpable la pena podría llegar hasta 15 años de prisión, señalaron en tribunales. También se ordenó profundizar en la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens entendieron que los líderes de la agrupación política sacaron “provecho de su posición dominante” cuando “exigían el aporte de dinero a gente de escasos recursos, sumamente vulnerables”, quedaban afuera de un programa ideado para promover su inclusión social.

“No se puede sostener que solo haya existido una víctima de estas exigencias injustas, ni que el aprovechamiento de los recursos humanos para actividades político-partidarias se limitara únicamente a quienes estaban a cargo de los comedores, delegados o referentes. En realidad, este esquema involucraba también a quienes lideraban el movimiento social, quienes fueron los verdaderos beneficiarios de dichas exigencias. Ellos eran los encargados de disponer del dinero recaudado en efectivo, el cual posteriormente se depositaba en las cuentas bancarias de las organizaciones”, sostuvo el fallo al que accedió Infobae.

El fallo dejó además una aclaración: “Queremos dejar completamente fuera de discusión que ni la pesquisa ni este resolutorio tienen como objeto una criminalización de las organizaciones sociales y las protestas a las que éstos convocan y lideran”. No obstante, dijo la Cámara Federal, lo que se advirtió aquí fue que “al amparo del noble sentimiento que puede tener un grupo de ciudadanos de reclamar, legítimamente, a las autoridades ejerciendo su derecho a la protesta organizada” aparecieron, “disimuladas en ellas, personas que se aprovechan de una situación que el Estado debe atender para tratar de obtener un beneficio propio”.

Según se resaltó: “estamos hablando de personas que tomando provecho de su posición dominante exigían el aporte de dinero a gente de escasos recursos, sumamente vulnerables, que en caso de incumplir ponían en riesgo cobrar el sueldo otorgado por el Estado como parte del programa ideado con la finalidad de promover su inclusión social plena y el mejoramiento progresivo de ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica”.

Fuente: Infobae