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Luego de pedir a la Justicia de Estados Unidos que suspenda el fallo en el que la jueza Loretta Preska ordenó la transferencia de las acciones de YPF como parte de pago de la sentencia por más de US$16.000 millones, el Estado nacional respondió a los escritos de los beneficiarios del juicio, que rechazaron la solicitud de la Argentina.

En los documentos presentados este martes, los abogados del país remarcaron que cumplir el fallo forzaría a la Argentina a violar sus propias leyes y a perder el control que tiene sobre YPF. Además, indicaron que una entrega inmediata de las acciones podría afectar a terceros, como a las provincias y a los tenedores de bonos soberanos.

El Gobierno busca que se suspenda la orden de Preska de entregar las acciones de YPF para cumplir con dos condenas impagas: la principal es en el caso de la expropiación de la petrolera por US$16.000 millones, en favor de los fondos Burford y Eton Park.

La otra es a favor de Bainbridge por US$95 millones por el juicio que ese fondo de inversión inició en 2016 y que cuenta con sentencia a su favor por la deuda en default de principios de siglo.

En el caso por la expropiación de YPF no se trata de una “disputa comercial ordinaria”, sino que representa un asunto “sin precedentes, con un fallo de US$16.100 millones, aún apelado”. Los letrados enfatizaron que se trata de una medida que deriva en un escenario complejo. Uno en el que la Argentina se vería obligada “a violar su propia legislación y perder el control sobre YPF de forma irreversible”.

Fuente: Tn