En rigor, la actualización debía estar lista para mediados del 2022 en la gestión de Alberto Fernández. Una misión técnica del Fondo Monetario, encabezada por el economista Brian Graf, brindó asesoramiento técnico a fines de 2023 al instituto, a cargo de Marco Lavagna. Pero se terminó posponiendo hasta hoy.
Siguiendo recomendaciones internacionales, la nueva canasta se actualizará con la última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo), que data del período 2017-2018 y reemplazará a la que hoy nutre el IPC con datos de 2004-2005. Como resultado, se le asignará un menor peso a los bienes y mayor preponderancia a los servicios.
De esa manera, se incorporan productos y servicios actuales, como plataformas de streaming, y se le asigna mayor relevancia a la telefonía móvil. También se contemplan variaciones por región: los servicios en Ciudad de Buenos Aires tienen más peso que los bienes, mientras fuera del área metropolitana y en sectores de menores ingresos es al revés.
Cada canasta capta distinto el fenómeno inflacionario. La nueva incorpora 500.000 precios frente a los 320.000 actuales. La otra diferencia es que tiende a mostrar una inflación levemente menor en meses de aumento de precios en alimentos, pero reflejaría mejor los incrementos en servicios, alquileres, comunicación y transporte.
Usando la nueva metodología, la consultora Equilibra estimó que los alimentos y bebidas no alcohólicas —el rubro con mayor incidencia en el IPC— pasarían de representar el 26,9% de la canasta actual al 22,7%, prendas de vestir y calzado caería del 9,9% al 6,8%, mientras restaurantes y hoteles disminuirían su peso del 9% al 6,6%.
También retrocederían salud (de 8% a 6,4%), bebidas alcohólicas y tabaco (de 3,5% a 2%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (de 6,4% a 5,5%). En cambio, el rubro de vivienda, electricidad, gas y otros combustibles tendrá un mayor peso (9,4% al 14,5%), por la mayor relevancia de los alquileres y las tarifas de servicios públicos.
Fuente: Clarín
