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La reciente ratificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por ambas cámaras del Congreso está colocando a la administración nacional de Javier Milei en un escenario de alta tensión, donde el Gobierno está dispuesto a hacer lo posible para frenar la aplicación de esta normativa hasta el próximo recambio legislativo y, a su vez, no dar muestras de que la oposición puede signarle el cálculo fiscal al oficialismo.

“Voy a defender el equilibrio fiscal en todas las instancias que haga falta”, habría ratificado Milei en un encuentro privado en donde se trataba esta temática. El Senado, a cargo de Victoria Villarruel, le comunicó el lunes al Poder Ejecutivo que el veto a esa normativa había sido rechazado. Esto promulga la ley de manera automática y obliga al Gobierno a comenzar a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de la ley y de actualizar los nomencladores correspondientes.

Hasta el momento esto no se ha hecho. Incluso, este jueves se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 23/2025 que modifica el Presupuesto y reasigna partidas en diferentes sectores del Sector Público Nacional. Ninguna de las más de 400 páginas de los anexos de esta medida hace alusión ni informa cambios en el ámbito de la Discapacidad. Este apartado fue firmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien comenzó a recibir advertencias de parte de diputados opositores de que, si no comienza a suministrar fondos, se le puede iniciar una moción de censura.

Fuentes muy cercanas al Presidente continúan afirmando que están trabajando en la judicialización de la medida, amparándose como argumento principal en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. Esta establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

Por caso, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló esta mañana en el canal A24 y justificó: “El caso de Discapacidad incrementa el gasto en 5000 millones de dólares. Vamos a ver de dónde lo sacamos. Lo estamos analizando (la judicialización). Nosotros no nos vamos a correr del equilibrio fiscal. Porque una ley que no estima el recurso o no explica de dónde sale la partida y el recurso de 5000 millones de dólares anuales… así que estamos analizando qué pasos seguir”.

Fuente: Infobae