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Este martes se reanuda la actividad judicial, concluida la feria de verano. La agenda marca que en Comodoro Py se reanuda el juicio contra Cristina Kirchner -y otros quince acusados-, por la presunta corrupción en la obra pública. El mismo día que se convocó a la marcha en contra de la Corte Suprema, Carlos Zannini -Procurador del Tesoro- declarará como testigo en el debate oral por pedido de la vicepresidenta. La semana próxima será el turno del presidente Alberto Fernández, que podrá realizarlo por escrito.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que lleva adelante el juicio por la presunta corrupción en la obra pública a favor de Lázaro Báez y que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner, reanuda este martes las audiencia del debate oral que inició en mayo de 2019. En esta ocasión, se iniciará con un bloque de testigos que incluye a los ex jefe de gabinete de la gestión kirchnerista, entre ellos el actual presidente Alberto Fernández; el titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
El listado incluye al actual Procurador del Tesoro y ex secretario Legal y Técnico de la gestión kirchnerista, Carlos Zannini. Junto con Juan Manuel Abal Medina, será quien a partir de las 14.30 inicie esta ronda de declaraciones testimoniales.
Con más de 40 testigos por delante, el primer juicio por corrupción contra Cristina Kirchner avanzará en el inicio del año con este bloque de declaraciones testimoniales, solicitadas en su momento por Carlos Beraldi, abogado defensor de la vicepresidenta.
La declaración testimonial del Procurador será el mismo día en el que sectores del kirchnerismo, convocaron a una marcha en contra de la Corte Suprema que, como contó Clarín, tiene 80 recursos de ex funcionarios K entre ellos la propia vice, para resolver sobre casos sensibles de corrupción.
La convocatoria a manifestarse en contra del Máximo Tribunal fue avalada por el presidente Fernández, como también por el viceministro de Justicia -hombre que responde a Cristina Kirchner-, Juan Martín Mena.
En el listado de los 16 imputados en esta causa, la vice es la principal acusada: está procesada como jefa de la asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar la obra pública vial a favor de Báez, según sostiene el requerimiento fiscal tras analizar 51 licitaciones adjudicadas al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez.
Además de Cristina, el juez Julián Ercolini procesó y envió a juicio oral a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y Báez, quien recibió medio centenar de contratos «plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles», sostiene la imputación.
La Justicia señala que se instauró una «maniobra de corrupción» desde el Gobierno y organismos estatal vinculados a la obra pública, con quienes «se montó una organización criminal» para la «sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez»: fueron 51 contratos por más de 46 mil millones de pesos.
A días de asumir como vicepresidenta, la de Cristina fue la última de las indagatorias que se tomaron en el juicio, tras lo cual se dio comienzo a la etapa de declaraciones testimoniales. El Tribunal presidido por el juez Jorge Gorini aceptó las sugerencia de los imputados para armar el listado de 180 testigos, que fue inaugurado por Margarita Stolbizer a fines de 2019.
El presidente Alberto Fernández había criticado el juicio, al que calificó como un mamarracho jurídico. Además, cuestionó a los jueces que investigaron a la ex presidenta -incluso a Ercolini que llevó adelante la causa- y dijo que iban a «tener que dar explicaciones». Las críticas de la ex Presidenta durante su indagatoria fueron más allá: acusó al TOF 2 de responder al lawfare y de «tener escrita la sentencia».
El año pasado, en medio de la campaña electoral, Beraldi pidió que las citaciones a los ex jefe de gabinete y al actual Procurador, sean postergadas hasta «tanto éste pueda ser sustanciado en forma presencial». Sin embargo, por el cargo que desempeñan, algunos de los testigos tienen la opción de declarar por escrito. Esto incluye a Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Sergio Massa.
En tanto Carlos Zanini como Abal Medina deberán declarar bajo la misma metodología: presencial o de forma virtual, como se les permitió a algunas personas citadas por el TOF 2.
Los ex jefe de Gabinete se encuentran en el listado de testigos que propuso la propia vicepresidenta. El pedido responde a uno de los puntos centrales de la defensa de Cristina Kirchner, que niega cualquier hecho de corrupción que haya tenido como protagonista a su ex socio comercial, Lázaro Báez, condenado a 12 años por lavado de dinero.
En la causa se indicó que el Grupo Austral recibió el 11% del presupuesto de Vialidad Nacional a nivel general y el 86% de las obras volcadas a Santa Cruz, con «sobreprecios del 65% y la mitad de las obras no se terminaron”.
Para refutar la idea de «direccionamiento», Cristina Kirchner sostiene que los presupuestos asignados a la obra pública se trataron de “actos administrativos”, que como tales “fueron lícitos” y que no firmó ella las modificaciones de los fondos destinados al rubro investigado.
Por ello pidió que declaren los ex funcionarios como responsables de firmar las partidas presupuestarias desde 2004 a 2015, volcadas a obra pública.
La Justicia indicó que esta “apropiación de fondos públicos” es el delito precedente de otras causas por lavado de dinero que le valió a Lázaro Báez una condena a doce años de prisión por el blanqueo -a través de Austral Construcciones- de 55 millones de dólares. Esa sentencia será revisada por la Cámara de Casación a partir de mayo.
Asimismo, se había indicado que las presuntas maniobras de corrupción en la obra pública, eran el delito precedente del caso de lavado y dádivas donde es investigada la familia Kirchner. Es decir: parte de esos fondos “se derivaron al patrimonio de los ex presidentes a través del alquiler de los hoteles y de inmuebles”.
Sin embargo, sin la realización del juicio, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg -del TOF 5-, sobreseyeron a la vicepresidenta y a sus hijos (como a los demás acusados) en dos expedientes conocidos como Hotesur y Los Sauces. La Sala I de la Cámara de Casación debe pronunciarse en los próximos meses al respecto y resolver si el juicio oral se realizará o no.
Fuente: Clarín
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