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El Gobierno eliminó esta mañana la obligatoriedad de contar con la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI) para camiones de carga. La iniciativa conjunta del Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger y la secretaría de Transporte a cargo de Franco Mogetta, fue presentada como una nueva medida orientada a reducir la burocracia y los costos para las empresas de camiones. Y apuntó particularmente sobre un trámite que en sus inicios fue apodado como “registro Moyano”, porque los controles de salud se realizaban en clínicas asociadas a la obra social SICHOCA.

En los hechos las dos dependencias preparan una norma para terminar con el mentado trámite, bajo el concepto de no pedir dos veces el mismo certificado: en el gobierno entienden que un camionero con licencia de conducir no necesita otra licencia. Pero mientras se espera por la reorganización de ese punto, la norma publicada hoy reduce la cantidad de documentos que deben llevar los choferes de camiones a uno sólo, la licencia nacional de conductor.

Así, la intención de Sturzenegger y Mogetta de eliminar el LINTI se adelantó en los hechos. Dentro de 60 días, cuando rija plenamente la norma publicada hoy, ya no se va a exigir a los conductores tenerlo.

La eliminación del trámite fue muy bien recibida por automotrices, que aseguran que sus ventas de pick-ups y pequeños utilitarios cuyos conductores se veían forzados a obtener la licencia podrían ser mayores, ya que los pequeños transportistas en general que van a necesitar un trámite menos. Pero la recepción positiva no fue unánime: Fadeeac, la federación que nuclea a las empresas de camiones, rechaza la medida bajo el argumento de que afectará seriamente la actividad.

El LINTI, un trámite anual para choferes de camiones, implica un examen de idoneidad -de manejo- y una revisión médica que en casi todos los casos es anual. Para obtener esa licencia, los choferes debían pasar por clínicas adheridas al sistema y por la propia Fadeeac, que proveía el curso y el examen para los camioneros. La revisación psicofísica costaba unos $33.000 anuales y, como al momento de ser lanzada se realizaba en clínicas de la obra social de camioneros, fue apodado el “registro Moyano”.

Fuente: Infobae