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Tras sorprender con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25 de fin de año, que dispone la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), el Gobierno Nacional confía en que la justicia no dará lugar a los amparos presentados por referentes de la oposición que cuestionan la determinación, mientras, en paralelo diseña, la estrategia legal para hacerles frente en caso de que los recursos avancen.

“No debieran avanzar. Nadie puede acreditar legitimación. Para presentar una medida contra un decreto se debe acreditar daño y nadie que pueda acreditarlo”, sintetizó una importante voz con acceso al despacho presidencial.

La SIDE, encabezada por Cristian Auguadra y Diego Kravetz, se someterá a un proceso de cambios para “ordenar el sistema”. Los cambios fueron impulsados por el asesor presidencial, Santiago Caputo, para avanzar en la modernización del organismo ante la actual coyuntura. “Permite proteger al país frente a las amenazas contemporáneas, delimita competencias, reduce su estructura y fortalece los controles estatales”, argumentaron desde la secretaría a través de un comunicado.

A partir de la oficialización del decreto del pasado miércoles, que modifica la Ley de Inteligencia y que lleva la firma del presidente Javier Milei y todo e Gabinete, el organismo sumó facultades e incorporó la posibilidad de proveer su propia seguridad y aprehender a personas ante hechos de flagrancia.

La determinación despertó la reacción de legisladores de la oposición que cuestionaron el accionar del Poder Ejecutivo y anticiparon que acudirían a la justicia para impedir la aplicación de los cambios. Hasta el momento se presentaron tres amparos contra la medida. “Si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas”, supo cuestionar el diputado Maximiliano Ferraro, de los primeros en rechazar el decreto.

Fuente: Perfil