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“Mecon [el Ministerio de Economía] está de gira por Londres con fondos de inversión. Empieza la estrategia para que los inversores abran sus carteras. Solo hay un problema: la Argentina sigue desafiando la sentencia de un tribunal británico de 1.500 millones de euros sobre warrants del PIB. Argentina, respeten los tribunales británicos si planean recaudar dinero en Londres”, lanzaron el martes los demandantes en el juicio por el “cupón PBI” a través de un posteo en su cuenta oficial de X en el que mencionaron los avatares del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

La publicación en redes sociales provino de Argentina Exchange Bondholders, una agrupación que representa a un conjunto de fondos que litigan contra el Estado argentino por el esquema financiero vinculado al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y el efecto de la manipulación de las estadísticas públicas durante el kirchnerismo sobre el pago de esos título.

En el Ministerio de Economía aclararon que se trató de la participación por videoconferencia del secretario de Finanzas Pablo Quirno en un evento financiero organizado en la capital inglesa por el banco Santander.

Los tribunales británicos fallaron en favor de los bonistas, que reclaman el pago de USD 1.500 millones por parte de la Argentina. Se trata de uno de los tantos fallos adversos que tiene el Estado y que suman cerca de USD 30.000 millones según los cálculos del especialista Sebastián Maril. Esos litigios también representan un riesgo contingente que puede afectar la reputación del país y la vuelta a los mercados de deuda que espera el Gobierno para antes de fin de año.

Los instrumentos vinculados al PBI, también conocidos como GDP warrants, se incluyeron en los canjes de deuda de 2005 y 2010 como incentivo para los bonistas. La mecánica establecía que si la economía argentina crecía por encima de un determinado umbral —con base en el índice del PBI a precios constantes—, el Estado debía realizar un pago adicional a los tenedores de estos títulos. El punto de conflicto surgió en 2013, cuando el entonces gobierno nacional, mediante el Indec, modificó la base de cálculo del PBI. Según los demandantes, esta alteración impidió el pago del cupón correspondiente a ese ejercicio, a pesar de que el crecimiento real habría superado el umbral del 3,22%.

Fuente: Infobae