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Tras tensas negociaciones que se extendieron hasta la madrugada, el Gobierno y los representantes de empresas de medicina prepaga llegaron a un acuerdo propiciado por una mediación judicial en el que las firmas privadas acordaron:
Según fuentes allegadas a las negociaciones, la firma del acuerdo llegó recién a la 1:30 de la mañana de este martes. Un punto clave de disidencia entre las partes y que demoró más de seis horas el acuerdo –siempre según el Gobierno– es que se mantendrá la investigación de una eventual cartelización en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Las siete “grandes” del sector querían que no continúe esa investigación que está llevando adelante la CNDC. En ese contexto fue citado al juzgado civil y comercial federal de Juan Rafael Stinco el secretario de Comercio, Pablo Lavigne.
Las empresas, sobre todo las grandes, no están conformes, a pesar de que la devolución del cobro extra se hará en un año, con un interés más bajo que la inflación, y que tendrán liberados los precios antes de lo previsto. Al menos una de ellas tildó el acuerdo de “mamarracho” y aseguró que se firmó porque no hacerlo hubiera significado un “papelón aún mayor”.
“Lo más increíble de esta película es que un gobierno supuestamente promercado y procapitalismo, terminó haciéndoles devolver plata al sector privado. Hicieron socialismo con la guita de otro. Es insólito. Mataron al sector privado para mostrar un enemigo de la clase media y tapar los aumentos de todos los servicios públicos”, aseguraron desde una de las empresas que más clientes tiene.
“Que las empresas tengan que devolver dinero que ya gastaron y/o invirtieron es una señal tremenda. Tengan el RIGI o no lo tengan. Y metieron una denuncia de cartelización cuando hay más de 40 empresas que fueron citadas por el juez. No conozco un mercado oligopólico con más de 40 empresas”, destacó un representante de otra de las compañías.
El acuerdo lo firmaron Gabriel Osorio, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS); unas 40 empresas; el secretario de Comercio, Pablo Lavigne; y asociaciones que nuclean a compañías del sector. Estos son los puntos centrales del acta a la que accedió Infobae:
En diciembre pasado, con el decreto desregulador 70/2023 de Javier Milei, el Gobierno anunció y promocionó la liberación de los precios para el sector y el fin de la intermediación de las obras sindicales en el negocios. Pero cuando se vio el impacto de los aumentos de las prepagas sobre el IPC, el ministro Luis Caputo acusó al sector de haberle declarado la guerra a la clase media. La tensión generó la salida de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, de la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS), la entidad que nuclea a todas las empresas del sector privado de la salud del país. La UAS hoy está presidida por Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Entidades Médicas Integradas (Acami) y director general del Cemic.
La cuestión la canalizó formalmente la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, a partir de una denuncia de diputados de la Coalición Cívica. Esa es la causa que según las autoridades sigue su curso. En paralelo, el juez Stinco, luego de un amparo de la SSS ordenó aumentos por IPC y la devolución que se confirmó esta madrugada.
Fuente: Infobae