Será una respuesta a los proyectos para convocar a una consulta popular que defina si la interrupción del embarazo puede dejar de ser penada, presentados por legisladores de diferentes fuerzas políticas como los senadores Luis Naidenoff (Cambiemos) y Adolfo Rodríguez Saá (Peronismo federal); y la diputada Laura Russo, del FpV-PJ.

De prosperar, los plenarios de comisión serían una puesta en escena porque los dictámenes nunca llegarían al recinto, sino que se someterían a votación de la ciudadanía con resultado incierto, según los sondeos que trascendieron estos días.

«La consulta popular resulta contraria a derecho, ya que la Constitución veda la materia penal para ese tipo de medidas, sino que también corre el eje de la discusión incluso antes de que ésta pueda iniciarse», se quejó el fin de semana la diputada radical Alejandra Martínez, que presidirá la Comisión de Familia y trabajará en la coordinación del debate.

«Quieren evitar las instancias informativas y deliberativas propias del trabajo parlamentario. Es sencillo pensar que toda decisión política debe someterse a un proceso de consulta, pero es también muy engañoso. En nuestra forma de gobierno, el pueblo delibera a través de sus representantes, y olvidar ese rasgo institucional puede conducirnos a la demagogia», completó la diputada jujeña.

Mañana se reunirá otra vez junto a los presidentes de otras comisiones que abordarán el proyecto: los macristas Daniel Lipovetzky (Legislación General) y Carmen Polledo (Salud) y la radical Gabriela Burgos (Legislación Penal).

«Vamos a fijar pautas justas para las audiencias y dejar todo listo para tratarla en el recinto, no más allá de mitad de año», confirmó Martínez a LPO, aún molesta por la incipiente presión para llevar el debate a las urnas que, casualidad o no, llegó una vez levantada la sesión especial convocada para el jueves.