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En el último día del juicio oral por la muerte de Débora Pérez Volpin, el 2 de agosto pasado, el juez Javier Anzoátegui generó sorpresa al leer su veredicto: más allá de condenar por homicidio culposo al endoscopista Diego Bialolenkier y absolver a la anestesióloga Nélida Puente, pidió que se investigue la eventual comisión de delitos por parte del Sanatorio de la Trinidad de Palermo y de la empresa Galeno. El magistrado encontró suficientes indicios de ocultamiento para que otro juzgado los examine.

La familia de la periodista y legisladora está convencida de que la clínica encubrió su muerte y que muchas personas colaboraron a ello. Por eso el miércoles pasado se presentaron como querellantes de esta nueva causa. En la presentación que entregaron a la Justicia, se refieren a un «derrotero de actos tendientes a ocultar la realidad y obstaculizar la investigación judicial».

Durante el transcurso del juicio oral también generó suspicacias el hecho de que el director de Galeno, Eduardo Cavallo, se entrevistó con todos los empleados involucrados en la muerte de Pérez Volpin, algo que la querella considera puede haber sido un intento de silenciar.

Otro foco de dudas generó la participación de un médico endoscopista, Sebastián Cecchi, uno de los tantos que concurrió al quirófano poco después de la muerte de Pérez Volpin. Fue quien lavó la caña del endoscopio, algo que la querella consideró desde el comienzo de la causa el «arma» que provocó la muerte. Para la familia, con esa limpieza se eliminó prueba de importancia para la decisión del caso, porque seguramente estaba ensangrentada, producto de la perforación. Pero no hubo modo de saberlo luego de que se la limpió.

La familia pide que a los directores de la Trinidad (Dr. Roberto Martingano) y de Galeno (Dr. Eduardo Cavallo) se los investigue por encubrimiento, falso testimonio y violación del secreto familiar (esto último, por haber divulgado aspectos de la historia clínica no relacionados con la muerte con el objetivo de tergiversar). Por falso testimonio piden que también sean estudiadas las declaraciones de Miriam Eliana Frías, la testigo clave y Claudia Esther Balceda, su jefa.

Fuente: La Nación