Juan Manuel Abal Medina fue Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner entre el 10 de diciembre de 2011 y el 18 de noviembre de 2013 . Había sido indagado por el juez Claudio Bonadio en una causa en la que se determinaron irregularidades en la entrega de fondos para abastecer a los «Programas Municipales de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos» (GIRSU) para el tratamiento de desechos.

El juez procesó en diciembre pasado a los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández y Jorge Capitanich al igual que a tres ex secretarios de Ambiente de la anterior administración por el modo en que se repartieron los subsidios y la falta de control en el cumplimiento de la realización de las obras por parte de varios municipios.

Pero en la misma resolución, Bonadio le dictó una falta de mérito a Abal Medina. El juez había determinado que el ex jefe de Gabinete, enterado de irregularidades en GIRSU a partir de un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), había dado intervención a la Auditoría de la Jefatura de Gabinete para que se ordenara la situación. Para el juez, Abal Medina se diferenció de Fernández y de Capitanich. Esa decisión fue apelada por el fiscal federal Carlos Rívolo y por el fiscal de Investigaciones Administrativas, José Ipohorski Lenkiewicz, quienes consideraron que Abal Medina tuvo la misma responsabilidad que los otros ex jefes de Gabinete.

La causa comenzó por una denuncia del ministerio de Ambiente de la gestión de Mauricio Macri. Se realizó una auditoría interna en conjunto con la Sindicatura General de la Nación, y según señalaron los fiscales en la apelación a la que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, «durante el período 2013-2015 se giraron un total aproximado de $590.136.927 a distintos municipios, discriminados de la siguiente manera: en el año 2013 se debitaron $182.856.775 a 75 municipios de 13 provincias; en 2014 se transfirieron $275.065.082,98 a 64 municipios de 11 provincias; y en 2015 se otorgaron $132.215.069 a 42 municipios de 8 provincias». Asimismo, se compulsaron los 194 expedientes administrativos en los que se resolvió transferir dinero a las distintas jurisdicciones y, a grandes rasgos, se observaron las siguientes irregularidades