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Finalmente, el Estado, socio mayoritario de la línea aérea, no aprobó la gestión del legislador porteño en los períodos 2014 y 2015. Los representantes oficiales concluyeron que la gestión «colocó a la compañía dentro de las causales de disolución». Dicho de otra forma, quedó al borde la quiebra.

Con el uso esta figura jurídica dejará abierta la puerta para eventuales reclamos a quienes condujeron la empresa. Ahora será decisión de los socios iniciar eventuales juicios que podrían terminar en enormes demandas para recuperar los daños producidos por Recalde y los directores Gustavo Sineonoff y Jorge Mateos.

La decisión se tomó hoy, en las oficinas de la aerolínea en el Aeroparque porteño. Allí, los representantes de los socios, el Estado y los empleados a través del programa de participación (PPP), trataron los balances de esos dos períodos. El mayoritario rechazó la gestión y aprobó el balance. La fórmula de los trabajadores fue algo más benévola con Recalde: abstención y aprobación respectivamente.

Estos balances eran los únicos pendientes de ser visados por el órgano superior de la sociedad. Con los anteriores no tuvo problema, pasaron sus problema por el tamiz del socio controlante. Pero aquellos sillones dónde se sentaban sus padrinos políticos ahora están ocupados por otros funcionarios.

Los argumentos de la decisión permiten inferir que vendrán reclamos. La asamblea concluyó que el Directorio «ha identificado deficiencias en los sistemas de información y control» que impidieron validar la existencia de repuestos y bienes rotables. Además, se habló de los subsidios, contablemente, las pérdidas. Los números delatan una pérdida neta del ejercicio 2015 de $6487 millones, más un déficit de capital de trabajo de $2781 millones. «Todo ello derivando en un patrimonio neto negativo que colocó a la Sociedad en los causales de disolución», argumentó el Estado.

También quedó escrito en el acta de rechazo que «la existencia de diversas causas penales en las que se está investigando actos llevados a cabo durante la gestión de la administración societaria actuante durante los períodos sometidos a consideración».

Por ahora, los accionistas difirieron la el inicio de acciones legales aunque sí se encargaron de tomar una decisión: aprobaron los sueldos de los ejecutivos (4,4 millones de pesos en 2014 y 6,7 millones en 2015 cada uno) pero podría reclamar la devolución de 940.000 pesos que retiraron durante los dos períodos como en concepto de adelanto de honorarios.

Todo está escrito en los artículos 59 y 274 de la ley de sociedades. El primero establece que «los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con la lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios».

El 279, a su vez, le da la posibilidad a «los socios y a los terceros la posibilidad de accionar contra los directores de la sociedad, por los daños sufridos a título personal».

Fuente: La Nación