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La mayoría oficialista en el Senado convirtió en ley el proyecto impulsado por la Casa Rosada; la oposición reclamó otra para analizar las cuentas de Hotesur.

El kirchnerismo impuso ayer su mayoría en el Senado y sancionó la creación de una comisión bicameral parlamentaria para investigar la posible fuga de capitales y evasión fiscal mediante la radicación de cuentas bancarias en Suiza que no habrían sido declaradas ante la AFIP.

La iniciativa fue aprobada por 37 votos a favor y 27 en contra, producto del rechazo de todo el arco opositor, que denunció que el afán investigativo demostrado por el kirchnerismo tiene por objeto desviar la atención de las causas por corrupción que acosan el gobierno de Cristina Kirchner, como las presuntas maniobras de lavado que tienen como protagonista a la empresa Hotesur SA, propiedad de la jefa del Estado.

De hecho, la UCR planteó, a cambio de darle su apoyo al proyecto impulsado por el kirchnerismo, la creación de otra comisión parlamentaria para que investigara el caso Hotesur. El oficialismo rechazó de plano avanzar con esa iniciativa.

A pesar de que el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, presentó una denuncia ante la Justicia contra el banco HSBC por su supuesta colaboración en la radicación de 4040 cuentas bancarias en Suiza, el oficialismo insistió en llevar la investigación al ámbito parlamentario. El monto total de esas cuentas ascendería a US$ 3000 millones.

Así fue como en poco más de un mes impulsó el tratamiento -y logró la sanción- de un proyecto elaborado por un grupo de diputados ultrakirchneristas, con el inocultable aval de la Casa Rosada.

«Lo importante acá es definir un modus operandi que ha determinado que en los últimos años tengamos más de US$ 200.000 millones depositados en bancos extranjeros», afirmó el jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro), al fundamentar el apoyo a la sanción de la iniciativa.

La réplica de su par de la UCR, Gerardo Morales (Jujuy), no se hizo esperar. «Estamos de acuerdo con esta comisión investigadora, pero nosotros queremos investigar todo, también queremos investigar el caso Hotesur», retrucó.

«Nosotros creemos que el caso Hotesur es emblemático, que ha crecido como un elefante; entonces, lo que ha traído el Gobierno para esconder este elefante es una manada de elefantes, que es esta comisión sobre las cuentas en Suiza», agregó Morales.

Por su parte, la peronista disidente Liliana Negre (San Luis) apuntó sus dardos contra la mala praxis de varios organismos del Estado en el control de las entidades financieras, que, según su óptica, desnudó el hecho de que se conociera la existencia de esas cuentas presuntamente no declaradas en Suiza por la acción de un «arrepentido» que colabora con la justicia francesa. De hecho, varios de los titulares de las cuentas denunciadas aclararon que las tenían declaradas.

«Quieren armar una comisión para reemplazar lo que no hicieron los funcionarios que debían actuar en ese tema cumpliendo sus funciones para que esto no ocurriera», sentenció Negre. La senadora mencionó a los titulares de la UIF, José Sbattella, y al actual presidente del Banco Central cuando estaba al frente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli.

En la misma sintonía se expresó su compañero de bancada Roberto Basualdo (PJ-San Juan). «Si alguien tiene dinero no declarado en el exterior, tendrá que ir a la Justicia, a rendir cuentas a la AFIP; nosotros no tenemos nada que ver en eso», afirmó.

Más duro aun fue el radical catamarqueño Oscar Castillo, quien destacó la sospechosa decisión del oficialismo de extinguir la comisión luego de concluido el plazo para el cual fue constituida. «Esto quiere decir que si, por ejemplo, en las elecciones de 2015 variaran las mayorías legislativas, esta comisión ya no va a existir», destacó.

Según la ley sancionada ayer, la comisión tendrá que cumplir su trabajo de investigación en 90 días, prorrogables por igual período de tiempo. Estará integrada por diez miembros, cinco representantes de cada cámara legislativa. Además, tendrá amplias facultades para solicitar diligencias y reclamar información, tanto a organismos públicos como a empresas privadas.

Fuente: La Nación