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Hay un carril en los que transcurre el juicio por la expropiación de YPF en el que están casi milagrosamente de acuerdo el Estado local y Burford Capital, el principal beneficiario de la condena en primera instancia de la jueza Loretta Preska por la cual el país fue condenado a pagar USD 16.000 millones. Están de acuerdo con matices, pero de acuerdo al fin.

Se trata de la participación en la causa de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG), quien pidió que se revoque el fallo porque quieren que se investigue el caso desde antes, desde la nacionalización de la empresa.

Las partes están convencidas de que su participación no solo es “extraña”, como lo definió una fuente con mucho conocimiento de la demanda, sino que puede terminar complicando todo. Argentina dice que no es procedente revisar el caso en los términos pedidos y Burford, claro, no quiere saber nada con que se analice la anulación de una condena de la que ya es beneficiario.

“Nos preocupa que demore el proceso y no creemos que puedan ayudar, la verdad. A veces por querer dar una mano, se puede terminar complejizando todo. Por el resto, no hay problemas que se investigue todo lo que se deba investigar en este caso, lo que no queremos son frenos ni demoras a la defensa que se está llevando adelante”, destacaron fuentes oficiales.

En marzo, la jueza le denegó a dicha ONG el derecho a intervenir en la causa y, como ésta apeló, ahora las partes volvieron a presentar argumentos en su contra. Lo hicieron anoche, ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

Fuente: Infobae