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Cómo se había anticipado, el gobierno de Estados Unidos formalizó en la Justicia su apoyo a la Argentina en la causa YPF, una demanda que ya lleva 10 años y por la que el Estado local fue condenado en primera instancia, en 2023, a pagar más de USD 16.000 millones por expropiar mal la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

EEUU se presentó como amicus curiae, o amigo del tribunal, en un escrito que presentó ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. En ese sentido, recomendó que esa corte “debería suspender la orden de transferencia (de las acciones de YPF) a la espera de la resolución definitiva de la apelación de la Argentina”.

“El Gobierno argentino ha obtenido el respaldo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su solicitud de suspensión de la orden de entrega de las acciones de YPF, dictada por la jueza Preska el pasado 30 de junio”, describió la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo que reúne al cuerpo de abogados del Estado argentino y lleva adelante la defensa.

“No se trata de un respaldo menor ni debe ser naturalizado. Basta recordar que en 2019, durante las presidencias de Macri y Trump, la Corte Suprema de los Estados Unidos solicitó al gobierno norteamericano su opinión sobre la inmunidad de jurisdicción invocada por Argentina. En esa ocasión, el gobierno estadounidense se presentó como amicus curiae y emitió un dictamen contrario a nuestro país”, dijo el ente que encabeza Santiago Castro Videla, el mismo que anunció una purga y el despido de 60 funcionarios, en medio de una investigación oficial de la Casa Rosada por supuestas filtraciones y venta de información que habría terminado en los beneficiarios del fallo que litigan con el país.

“La situación ha cambiado. El gobierno del presidente Milei ha logrado que, en menos de un año, y bajo dos administraciones diferentes (Biden y Trump), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoye la posición argentina en esta causa. Se trata de un hecho significativo que refleja una política exterior coherente y clara, orientada a la defensa del interés nacional, y que también demuestra la seriedad de las presentaciones y la solidez de los argumentos jurídicos presentados por el Estado argentino”, destacaron.

Fuente: Infobae