Polémica por el proyecto para bajar las expensas en los edificios porteños

El plan del Gobierno de la Ciudad para que los consorcios paguen menos generó roces entre el gremio y los consorcistas.



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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está buscando reducir los gastos de las expensas de los edificios. Con ese objetivo, propuso una serie de medidas que despertaron una fuerte polémica entre los consorcistas y el gremio de los porteros.

El proyecto plantea una reducción de las expensas de entre un 10 y 20 por ciento. Los ahorros pasan por eliminar la obligación de construir vivienda para encargados en edificios de más de 15 departamentos; sólo limpiar aquellos tanques de agua que tengan resultado negativo en análisis de laboratorio; intensificar las inspecciones en los ascensores más viejos pero espaciarlas en los más nuevos; y hacer lo mismo con las calderas, que hoy deben examinarse cada tres meses. La iniciativa prevé hacerlo según su antigüedad y tecnología.

El gobierno también quiere reducir los gastos burocráticos y para eso también proponen simplificar algunos permisos y certificados. Por ejemplo, el de”Edificio seguro” es obligatorio pagarlo, aunque para el Gobierno no “es más que un compendio de todas las condiciones de seguridad del inmueble”. También se plantea eximir del control de fachadas a las viviendas unifamiliares que no tengan salientes y a los espacios comunes a propietarios, como los patios internos y las terrazas, que seguirán siendo inspeccionados por el consorcio pero sin necesidad de presentar un certificado ante el Estado. Los frentes sí seguirán controlados oficialmente, ya que pueden implicar un riesgo para terceros.

“Es un plan que presentaron para mostrar que están haciendo algo, pero la verdad es que no modifica lo importante. Nuestro reclamo principal es que nos dejen participar de las paritarias, porque hoy hay un contrato leonino en el que los dueños de los departamentos no pueden discutir”, dijo Samuel Knopoff, presidente de la Federación de Asociaciones de Consorcios (Fedeco), al diario Clarín. Su visión sobre la propuesta oficial de dejar de obligar a los propietarios a darles viviendas a los encargados, dilatar los controles y eliminar certificados innecesarios fue tajante: “El ahorro que pueden lograr es insignificante”.

En la discusión salarial están sólo los encargados, representados por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), y el Ministerio de Trabajo. Si bien el titular del gremio Víctor Santa María, aseguró a la agencia Télam que no tienen “ningún problema en brindar esa discusión”, explicó que el Gobierno “no es claro” con la medida.

Fuente: Perfil

 



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