Cambian la política por las tomas de escuelas: los padres deberán retirar a los hijos

Lo dice un instructivo para los rectores en la Ciudad. En caso de no retirar a los alumnos, los padres deberán hacerse cargo de los gastos si existe vandalismo.



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Durante 2017, unas treinta escuelas porteñas se vieron afectadas por las tomas, que en muchos casos superaron los veinte días sin clases. Y hubo hasta un denuncia de abuso sexual de una alumna durante una toma en el Nacional de Buenos Aires. Se trató de un reclamo estudiantil por el rechazo a la reforma educativa, principalmente por las “prácticas educativas”, enfocadas en quinto año de la secundaria para el desarrollo de habilidades relacionadas al “emprendedorismo”.

Por eso, y ante la posibilidad de que algún reclamo vuelva a tener la misma modalidad en los próximos meses, desde el Ministerio de Educación lanzaron un manual sobre cómo deben actuar los directores de los colegios ante este tipo de situación. Las pautas de acción -afirman- fueron hechas para responder a las inquietudes de las autoridades de las escuelas, que en muchos casos no sabían qué hacer en medio del problema.

Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, explicó: “En condiciones normales, el rector es responsable del patrimonio y de los chicos. Pero cuando el rector no puede hacerse cargo por una toma, deberá informar a cada una de las familias que debe ir a buscar a sus hijos. Y en momento de toma se suspende la autorización para que los chicos puedan salir de la escuela solos. Si los padres dicen que ellos eligen que los alumnos se queden en la escuela, se asentará eso en un acto para luego saber a quien cobrarle en caso de vandalismo”. Además, pidió “que la Justicia se ponga los pantalones largos y diga qué vale más: el derecho al reclamo o el derecho a la educación”.

Según el instructivo, los rectores, “deberán dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, organismo de protección en materia de infancia y adolescencia y al SAME, así como labrar actas con registro fotográfico del estado del patrimonio del establecimiento, al inicio y finalización de la toma, que deberán ser elevadas jerárquicamente a la máxima autoridad del Ministerio de Educación”, dice el comunicado que ayer empezaban a recibir los directores y directoras.

Pero lo que más llama la atención dentro de este plan de acción es que una de las primeras cosas que deberán hacer las autoridades una vez que pierdan el control de la institución educativa es llamar a los padres de los alumnos y comunicarles que deberán venir a retirar a sus hijos del establecimiento y que si eso no ocurre serán ellos los responsables de lo que ocurra adentro.

“Es importante aclarar que se le hará saber a los padres o quien ejerza la responsabilidad parental que no retiren a los alumnos del establecimiento educativo, que serán responsables de los daños o circunstancias ocurridas durante el tiempo que dure la toma”, dice la información oficial.

Dentro del acta que se debe labrar y que tiene que estar dirigida a la máxima autoridad de la cartera educativa, se debe expresar algunos puntos claves, como por ejemplo: “El relato de los hechos y circunstancias por los que se efectivizó la toma del establecimiento educativo; el estado detallado del patrimonio escolar, el que además deberá ser documentado fotográficamente al momento en que se inicia la toma del establecimiento. Para el caso de ser posible, las fotografías deben ser certificadas por escribano público; constancia de citación a los padres o quienes ejerzan la responsabilidad parental sobre los alumnos, a fin de que procedan a retirarlos del establecimiento”.

Lo que nadie puede responder con precisión es qué es una toma. No es una contravención y tampoco está permitida. “Es un gris”, define Acuña. De hecho el año pasado, el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que las tomas de escuelas secundarias porteñas constituyen “una ilegalidad”. De esa manera había salido al cruce de la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Elena Liberatori, quien afirmó que los estudiantes que ocupan colegios “están haciendo uso de sus derechos constitucionales”.

Fuente: Clarín