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La organización pidió el fin de la «judicialización de la exclusión» en el barrio Papa Francisco donde hay 200 familias «con problemas de acceso a agua segura, carencias de abrigo y alimentación saludable para niños y embarazadas

A diez días del desalojo del asentamiento bautizado Papa Francisco, lindero a la Villa 20 de Lugano, unas 200 familias continúan acampando en la zona en una situación de «suma precariedad», según denunció la organización Médicos del Mundo, que pidió el fin de «las violentas acciones punitivas y de la judicialización de la exclusión». 

Según Tiempo Argentino, en la misma jornada, un centenar de representantes políticos, de la cultura, de organizaciones de Derechos Humanos, sindicales y de la sociedad civil publicaron una solicitada contra el gobierno porteño titulada «Con políticas de vivienda no hay tomas ni desalojos». El miércoles la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) había destacado que durante el primer semestre el Instituto de Vivienda de la Ciudad sólo ejecutó un 28,4% de su Presupuesto, mientras que del programa de villas solo se utilizó un 32,7 por ciento.

Unas 50 familias desalojadas continúan acampando en el bulevar ubicado sobre la Avenida Fernández de la Cruz y otras 150 se encuentran todavía en un sector llamado «El Pie», que también ocupaba el antiguo cementerio de autos de la Policía Federal y no se vio afectado por el operativo de desalojo. Las personas que allí viven tienen «problemas de acceso a agua segura y saneamiento, carencias de abrigo y alimentación saludable hacia los niños/as y mujeres embarazadas; y son víctimas constantes de acciones de violencia por parte de fuerzas de seguridad como la Policía Metropolitana y actores externos al barrio», denunció la filial local de la organización Médicos del Mundo, que tiene presencia en 14 países.

«Esta Ciudad, que es la más rica del país, que tiene el Presupuesto en términos per cápita más grande de la Argentina, tiene 350 mil personas con déficit habitacional, de las cuales 200 mil viven en villas o asentamientos».

En el mismo sentido, la solicitada publicada ayer y encabezada con las firmas de Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Hugo Yasky (CTA) y Hugo Cañón (Comisión Provincial por la Memoria), destaca que ya son nueve los años de incumplimiento de la Ley 1770, que dispone la urbanización de la Villa 20. «Entonces, los responsables de esta dramática situación, ¿son los vecinos que demandan una vivienda o, por el contrario, los funcionarios que incumplen la ley que deberían implementar?», inquiere la solicitada. «Esta Ciudad, que es la más rica del país, que tiene el Presupuesto en términos per cápita más grande de la Argentina, tiene 350 mil personas con déficit habitacional, de las cuales 200 mil viven en villas o asentamientos, en condiciones absolutamente precarias», denuncia.

El Observatorio Urbano Local – Buenos Aires Metropolitana (OUL-BAM), que depende de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, se sumó a los cuestionamientos al gobierno porteño al destacar que «hace 70 años que la Ciudad tiene la misma cantidad de habitantes pero las viviendas vacías se multiplicaron por diez en las dos últimas décadas, llegando a casi 300 mil». Esto equivale, aseguran, a decir que una de cada cinco casas en la ciudad está deshabitada. Esa disponibilidad es incluso superior al número de personas que se encuentran en déficit habitacional en la Capital.

Fuera de riesgo

Herido. La Metropolitana informó que el agente herido de bala tras el presunto intento de toma del sábado a la noche está fuera de riesgo. Por el hecho se detuvo a tres personas.

El fiscal insiste con el nexo político

El fiscal general adjunto de la Ciudad, Luis Cevasco, volvió a denunciar una presunta «asociación ilícita» en la toma del predio de Villa Lugano de la cual participarían integrantes del Movimiento Evita. Según señaló el representante del Ministerio Público Fiscal porteño, su «vinculación» estaría probada por «conversaciones telefónicas y declaraciones testimoniales». Desde la organización política liderada por Emilio Pérsico ya habían enmarcado esta acusación como parte de una campaña de «criminalización de la protesta y una persecución judicial contra toda la militancia».

Tal como informó Tiempo Argentino el lunes pasado, la Fiscalía solicitó el envío a juicio de seis personas por el delito de usurpación. Estas son: Héctor Marcelo Urquiza, Emmanuel Ríos, tres miembros de la familia Jiménez y un hombre de apellido De Luca. Según declaraciones de Cevasco en el día de ayer a Radio Splendid, tanto Ríos como De Luca «están directamente vinculados al Movimiento Evita». Según detalló, de la investigación surge que  se  «prometían materiales o realizar festivales para afianzar la toma». Según fuentes de la fiscalía, la militante del Evita Martha Yané también fue citada a indagatoria por la misma causa, pero aún no se presentó a declarar. En función de ello se definirá su situación procesal, aclararon.

El comunicado difundido la semana pasada por el Movimiento Evita, por su parte, destacaba que «no auspiciamos ni alentamos la toma del predio de Villa Lugano, sino que como fuerza territorial que somos nos acercamos al conflicto, como lo hicieron otras organizaciones, para evitar un desalojo violento y para ayudar solidariamente a los más necesitados que aún esperan respuestas de parte del gobierno de la Ciudad».

Tierra arrasada

Hace diez días, en este lugar vivían unas 700 familias que habían logrado armar con mucho esfuerzo una casa para vivir, al menos provisionalmente. Luego de que sus hogares fueran arrasados por topadoras, parte de los palos y las chapas que eran columnas y techos fueron utilizados para armar una barrera para impedir que los vecinos puedan volver a ingresar al lugar. La periodista Laura Durán y el fotógrafo Diego Pintos, de Infonews, lograron acceder al predio y obtuvieron el registro documental de lo que era un barrio.

Fuente: Infonews.com