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La decisión judicial modifica un primer fallo que lo había prohibido, con el fin de preservar la intimidad de los chicos

Después de una pelea judicial que tuvo a los padres como actores principales, una escuela de La Plata podrá encender las cámaras que habían conseguido para mejorar la seguridad en el edificio. En segunda instancia, un tribunal en lo Contencioso Administrativo aceptó el pedido de la comunidad escolar y revocó un fallo del juez, Luis Arias que había suspendido la instalación de los equipos porque “vulneraban” la intimidad de los menores.

La escuela 58 funciona en 18 y 71 del barrio Altos de San Lorenzo, a 50 cuadras del centro de la capital provincial. Asisten unos 400 alumnos en primaria (otros 300 de secundaria cursan en el mismo edificio). Tiene un extenso registro de episodios de vandalismo y robos. En octubre del año pasado, la directora, los docentes y los papás de los alumnos hicieron una marcha para reclamar medidas de prevención.

“Todo lo que consigue la cooperadora o logramos comprar con esfuerzo, lo roban o rompen”, se quejaban los manifestantes.Consiguieron que el consejo Escolar comprara 4 equipos y los instalara en diferentes puntos del edificio.

La medida, avalada también por los docentes, establecía el encendido de los aparatos fuera del horario escolar.No obstante, el defensor oficial del fuero Juvenil, Julián Axat, planteó un amparo en defensa de los derechos de los niños y Arias hizo lugar al reclamo. Conclusión: tuvieron que apagar las filmadoras y el edificio quedó desprotegido. Los padres se pusieron al frente de la iniciativa y recurrieron, mediante un escrito, ante la Cámara de Apelaciones.

“Se trata de una medida preventiva y no represiva. Menos aún busca ejerecer cualquier tipo de control o vigilancia sobre nuestros hijos”, argumentaron los papás.Los jueces Claudia Milanta, Gustavo Spacarotel y Gustavo Juan de Santis aceptaron los fundamentos y accedieron a seguir con la propuesta de seguridad para el establecimiento escolar estatal. Y en uno de los fundamentos expresaron que “el Defensor Oficial, Julián Axat desbordó los límites de su competencia”.

Es decir, se involucró en un tema que no corresponde a su jurisdicción como funcionario judicial.Hace tres años, la Municipalidad de La Plata había impulsado un programa para instalar en los centros educativos más afectados por la inseguridad, casi medio centenar de equipos de filmación.

Ya entonces, la Justicia y uno de los gremios docentes (Suteba) habían protestado por similares razones. Y suspendieron la aplicación del plan. Pero la primaria 58 insistió.Ahora, con este nuevo dictamen en el Consejo Escolar de La Plata admiten que podrían retomar el programa para extender  el sistema de control de seguridad en otras escuelas públicas.

Fuente: Clarin.com