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Valentín Temes Coto fue condenado por «Manzanas Blancas», la operación de tráfico de cocaína más grande de la historia de Argentina y España.

Denunció a todos los funcionarios judiciales que intervinieron, creó un portal para difamarlos y les envió un mensaje mafioso

«Manzanas blancas» fue la operación de narcotráfico más grande de la historia de Argentina y España. En total, se secuestraron casi 3.400 kilos de cocaína, valuados en 1.400 millones de euros. Pero para el principal condenado, Valentín Temes Coto, la sentencia en su contra no fue más que «un guion escrito de antemano» por jueces, fiscales y policías de ambos países, la DEA y el MI6. Hollywood, al parecer, le quedaría chico.

El caso

El 16 de junio de 2010, personal de la Aduana encontró en el puerto de Buenos Aires 1.647 kilos de cocaína escondidos en un contenedor de la firma Frutol SRL que tenía como destino España y que transportaba manzanas. La empresa ya había despachado en barco otro cargamento con otros 1.700 kilos de la droga, que finalmente fue secuestrado en una escala en Santos, Brasil.

El dueño de Frutol SRL, el ciudadano español Valentín Temes Coto, se entregó a la Justicia luego de estar 10 meses prófugo. Aunque se declaró inocente, en un fallo de 533 páginas el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 (TOPE 3) lo condenó a 20 años de prisión. También fueron hallados culpables su mano derecha, Claudio Maidana, que recibió una pena de 16 años de cárcel, y el capataz del depósito que la empresa tenía en la localidad rionegrina de Allen, Nelson Hinricksen, que fue privado de su libertad por 13 años.

Las imágenes del operativo «Manzanas Blancas»

En su alegato, el fiscal Eduardo Funes aclaró que la droga no era de los condenados, sino que estos usaron Frutol SRL para «el acondicionamiento y transporte» de la cocaína. «Fueron dos operaciones que requirieron del establecimiento de una fachada legal que involucraba, de buena fe, a decenas de empleados, proveedores y clientes», evaluó. Y consideró que fue debidamente probado el vínculo con los detenidos en España y un cartel colombiano.

El fallo fue apelado y el recurso cayó en la Sala II de la Cámara de Casación, caracterizada por ser indulgente con narcotraficantes. No obstante, ya cuenta con un dictamen del fiscal Javier De Luca a favor de la confirmación de la sentencia. Mientras espera la decisión del tribunal, Temes Coto presentó ayer un quinto pedido de excarcelación que fue rechazado.

El caso cuenta con otros diez detenidos en España, la mayoría de ellos colombianos y mexicanos, entre ellos, Nicolás Rivera, un narco que llevaba una vida de lujo y era vecino del futbolista Cristiano Ronaldo. Esa investigación comenzó antes que la de Argentina, cuando la inteligencia británica informó que una banda esperaba un importante cargamento de cocaína desde América del Sur. El fiscal ante la Audiencia Nacional ya pidió penas que suman 120 años de prisión.

La discrepancia

La discusión gira en torno al lugar en el que se cargó la droga. Tanto para el fiscal como para los jueces del TOPE 3, todo se preparó en el galpón de Allen. Pero la abogada que hace unos meses asumió la defensa de Temes Coto, Valeria Carreras, piensa que la maniobra fue «un gran operativo de la DEA». Su antecesor y actual asesor, el ex juez Mariano Bergés, lo definió como «una entrega controlada». Afirman que el empresario es un «perejil».

Su argumento más fuerte está en un CD, que según dicen, los jueces mantuvieron escondido. Contiene las coordenadas del GPS de los camiones que transportaron la cocaína. El container que finalmente fue descubierto en Buenos Aires habría estado varias horas en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde Temes Coto asegura que se cargó la droga. El punto más flojo de esa explicación es que el otro vehículo no se habría preparado allí, sino en el depósito que la empresa Capitán Cortés tiene en el propio puerto porteño.

Hace un mes, un canal de noticias armó un programa de media hora para contar la versión de Temes Coto. El complot, según los abogados Carreras y Bergés, incluye al juez y el fiscal de instrucción, a los cuatro magistrados del TOPE 3, su secretario y el fiscal del juicio oral, más el fiscal de Casación y el que actúa en Madrid, la policía de Argentina y de España, la inteligencia británica y, por supuesto, el cerebro de esta monumental operación: la DEA. Ni Michael Moore lo habría imaginado.

Temes Coto ya presentó escritos en el Consejo de la Magistratura y ante la Justicia Penal, acusando de los delitos de prevaricación y cohecho a los jueces Jorge Ángel Brugo, Luis Alberto Imas, Luis Gustavo Losada, Karina Rosario Perilli y Claudio Horacio Gutiérrez de La Cárcova, y a los fiscales Marcelo Guerberoff y Eduardo Funes. También demandó por daños y perjuicios a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales por emitir una solicitada a favor de los denunciados.

Temes Coto, durante el juicio oral.

La ruta del dinero

Si se tratara de una gran conspiración, como denuncia Temes Coto, habría a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que depende de la Procuración General de la Nación y que abrió un expediente contra los acusados y su entorno para investigar si hubo lavado de dinero. En la causa está imputada la pareja de Temes Coto, la jueza de instrucción María Gabriela Lanz, quien convenció a Bergés de preparar la defensa del empresario.

La magistrada-imputada les «devolvió la gentileza» al titular de la Procelac, Carlos Gonella, y al fiscal que impulsa la investigación, Emilio Guerberoff –ambos del riñón de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó–, y los denunció por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secretos. Su argumento es una excelente excusa para captar la atención de los medios y victimizarse: asegura que la persiguen por haber llamado a indagatoria al empresario kirchnerista Lázaro Báez y no por ser la pareja de un condenado a 20 años de prisión por narcotráfico.

No obstante, la investigación por lavado tiene numerosos indicios de que hubo un circuito de dinero paralelo al legal. En el requerimiento que el fiscal Guerberoff presentó en febrero al titular del Juzgado en lo Penal Económico N° 1, Ezequiel Berón de Astrada, se detallan una serie de operaciones que serían parte de la maniobra y que fueron reportadas como sospechosas por la Unidad de Información Financiera (UIF).

Una de las firmas investigadas es Cobeccar SA, cuyo titular es el propio Temes Coto. La empresa presentó marcados incrementos patrimoniales, aunque en sus estados contables no figuran proveedores ni clientes.

Según distintas entidades bancarias, Cobeccar SA protagonizó varias operaciones de dudosa legalidad, como la entrega de una serie de cheques por 258.846 pesos a Frutol SRL –la propietaria de los containers con cocaína–, que fueron rechazados por falta de pago.

Otro punto a investigar es la relación de Cobeccar SA con Marycitrus Inversora SA, una firma cuyo presidente es Marcelo Sánchez, socio de Frutol SRL, y cuyo principal accionista es Ribermar SA, una compañía uruguaya con antecedentes de narcotráfico, a la que en agosto de 2007 le secuestraron 487 kilos de cocaína.

Según la UIF, el único trámite que registró Marycitrus Inversora SA fue su inscripción como sociedad a mediados de 2003 en la Inspección General de Justicia (IGJ). Sin embargo, le entregó a Cobeccar SA el dominio de una finca en Entre Ríos a cambio de 500 mil pesos en efectivo.

También se investiga a la empresa Servexpo, creada en agosto de 2008 y que registró un brutal incremento patrimonial que coincide en el tiempo con el inicio de actividades de Frutol SRL.

En su monumental acusación contra la Justicia, ni Temes Coto, ni Bergés, ni Lanz, ni Carreras han mencionado una sola palabra sobre estas empresas. Su defensa se ha centrado pura y exclusivamente en el lugar donde se cargó la droga.

Difamación e intimidación

Temes Coto está encerrado en el módulo 5 del penal de Ezeiza. Como estudia en un programa de la Universidad de Buenos Aires, consiguió que le colocaran una computadora en su celda, que usó para crear un blog para difamar a los supuestos protagonistas del complot con cuestiones sobre la causa, pero con un sinfín de golpes bajos y vulgaridades, que van desde insultos –hoy eliminados– a definiciones del estilo de «juez baboso».

Los funcionarios judiciales también han sido víctimas de intimidaciones. Un ejemplo ocurrió hace unas pocas semanas en una conferencia en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) que brindó uno de los jueces junto al secretario de Seguridad, Sergio Berni. En la segunda fila se ubicó Manuel Temes Coto, el hermano de Valentín. Estaba a unos pocos metros del magistrado. Y le clavó la mirada durante todo el evento. No hay lugar a dudas del tenor del mensaje amenazante, digno de Hollywood, pero de un guión sobre la mafia.

Fuente: Infobae