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El beneficio correspondería a quienes fueron privadas de su libertad mientras rigieron los edictos policiales que castigaban la expresión de esta identidad de género, o que sufrieron violaciones a sus derechos por parte de las fuerzas de seguridad.

Buscan resarcirmiento económico para personas trans que fueron detenidas por su identidad de género

El resarcimiento económico en forma de pensión graciable se podrá reclamar si prospera un proyecto de ley que presentará este lunes la diputada Diana Conti (FpV), elaborado con cuatro organizaciones del colectivo.

La iniciativa será presentada a las 14 en la Sala I del segundo piso del anexo A de Diputados, y junto a los legisladores que la impulsan estarán los autores de la idea originaria: la activista Marlene Wayar, de Abosex (Abogad*s por los Derechos Sexuales) y referentes de ALITT (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual), Futuro Transgenérico y MAL (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación).

El proyecto «es de un gran impacto para nuestra comunidad, porque sería la primera vez que el Estado, así como nos reconoció en términos de la documentación legal, nos reconocería ahora en nuestra condición de víctimas» de gestiones anteriores «que solo aparecían frente a nuestros cuerpos de manera punible”, dijo a Télam la fundadora y actual presidenta de ALITT, Lohana Berkins.

“Que esto salga a la luz, que las compañeras sientan que el Estado las reconoce y reconoce todas las consecuencias que produce la violencia, el encarcelarmiento y todo el sufrimiento, es muy importante para nosotros”, afirmó.

Más allá de su presentación formal, el “Régimen reparatorio para víctimas de violencia institucional por motivos de género” ya fue ingresado en la Cámara baja a fines de octubre y girado para su tratamiento a las comisiones de Derechos Humanos y Garantías, Justicia y Presupuesto y Hacienda.

El primer artículo propone otorgar una pensión graciable a personas «que hayan sido privadas de su libertad por causas relacionadas con su identidad de género como consecuencia del accionar de las Fuerzas de Seguridad federales y/o por disposición de autoridad judicial o del Ministerio Público de jurisdicción nacional o federal”.

“Serán beneficiarias, indiscutiblemente, las personas a las que se les haya aplicado los incisos «F», «H» e «I» del artículo 2 del derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto policial dictado por la Policía Federal”, prosigue. El monto a percibir aumentará en un 30 por ciento en el caso de quienes “hubiesen sufrido lesiones gravísimas” en estas circunstancias.

«Sería la primera vez que el Estado, así como nos reconoció en términos de la documentación legal, nos reconocería ahora en nuestra condición de víctimas»

El artículo 2° de ese reglamento -que otorgaba a la policía la capacidad de juzgar-, reprimía con 30 días de arresto a “los que se exhibieren en la vía pública con ropas del sexo contrario” (inciso F) y “las personas de uno u otro sexo que públicamente incitaren o se ofrecieran al acto carnal” (inciso H).

“La historia de los edictos policiales es la historia de las políticas de persecución social orientadas a la normalización de grupos» que para el poder eran «desviados» por tener «atributos considerados perjudiciales», como «las personas trans, cuyas identidades de género constituían por sí una contravención, y por lo tanto eran –y en muchos casos siguen siendo- víctimas del aparato represivo del Estado tanto en tiempos de dictadura como en democracia, dice el proyecto en sus fundamentos.

El beneficio, que se tramitará ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y “será compatible con toda prestación contributiva o no contributiva”, equivaldrá a la remuneración mensual asignada a la categoría D, planta permanente, del Sistema Nacional de Empleo Público.

El proyecto reconoce como principal antecedente la Ley 26.913 sancionada el año pasado que instituyó un régimen reparatorio para los ex presos políticos, consistente en una pensión graciable.

En ese caso se aplicó la misma fuente y se extendió «la categoría de víctimas del terrorismo de Estado a las personas trans, cuyos cuerpos e identidades fueron objeto de persecución directa por el Estado en dictadura y en democracia a través de las contravenciones y edictos policiales”, dice el texto.

“Creo que es un momento histórico óptimo para presentarlo porque venimos de los antecedentes de las leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género, y justamente la semana pasada, la secretaría de Derechos Humanos junto al Anses otorgaron las primeras pensiones graciables a ex presos políticos, que es nuestro antecedente inmediato”, aseguró a Télam Emiliano Litardo, activista legal de Abosex.

Otros antecedentes son la Ley de Identidad de Género, los Principios de Yogyakarta, los instrumentos internacionales de derechos humanos de jerarquía supralegal y el fallo conocido como ALITT de la Corte Suprema de Justicia, que en 2006 “reconoció la violencia operada contra los cuerpos trans”.

“Está visto, lo estamos experimentando, cómo el relato de nuestra vida va cambiando cuando es el propio Estado el que genera otra condicionalidad, otra estructuralidad donde nosotras vivimos nuestra vida: desde hace dos años empezamos a construirnos como ciudadanos y ciudadanas de este país y empezamos a sentir lo que es la democracia real”, manifestó Berkins.

Y como profundización en esa línea, «esta ley viene a reparar esa situación histórica de inequidad e injusticia que hemos vivido y nos pone en esta condición de inicio ejercido de la ciudadanía plena”, concluyó.

Fuente: Telam