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La ciudad lidera los esfuerzos para reformar el modelo en EEUU, pero el ‘caso Garner’ amenaza con derribar lo conseguido.

Veintitrés hombres y mujeres buenos, los que constituyeron el gran jurado de Staten Island; tres palabras, “no puedo respirar”, las que gritan miles de ciudadanos en las protestas que recorren Estados Unidos, y prácticas policiales capaces de matar en segundos a un niño por portar una pistola de imitación, como las ejercidas en Cleveland (Ohio), amenazan con dinamitar el mayor y más interesante experimento de transformación y aproximación de un cuerpo de policía a su comunidad en la historia reciente de Estados Unidos: el emprendido por el alcalde demócrata Bill de Blasio el último año en Nueva York, el laboratorio más poblado (más de ocho millones de habitantes) y más diverso (negros, hispanos y asiáticos constituyen casi el 60% de la población). Como en los años 60 y 70, el templo de la progresía y el liberalismo de EE UU es el epicentro, el espejo para toda una nación, de una batalla de resultado incierto por los derechos civiles.

Los efectos del caso Garner (rabia popular, críticas a un sistema judicial calificado de disfuncional y un debate político envenenado que acogota al presidente Barack Obama) han sepultado, borrado de los titulares, una realidad muy distinta: la reducción a niveles históricos de la criminalidad en Nueva York con unas políticas que pretenden reconciliar a la policía con las minorías negra e hispana, las más castigadas durante dos décadas de mano dura de los alcaldes conservadores Rudolph Giuliani y Michael Bloomberg. La paradoja es esta: un éxito sin precedentes contra el crimen se vive en la calle como el peor momento en las relaciones entre los 35.000 agentes de Nueva York, la fuerza policial más grande del país, y sus protegidos. “La ciudad es más segura, pero estamos viendo un grado de animadversión nunca visto”, alerta Ritchie Torres, concejal del Bronx.

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, aspirante a la carrera presidencial de 2016, abogó el jueves por una reforma del sistema penal y de los métodos policiales tras constatar que “los negros tienen muchas más posibilidades de ser detenidos, inculpados y condenados a penas más duras que los blancos”. La suya es una voz más del coro contra un sistema judicial disfuncional, en particular en la figura del gran jurado, una polémica que amenaza con aumentar.

El fiscal de Brooklyn anunció ayer que convocará a un gran jurado para considerar posibles cargos contra el policía que mató de un disparo el pasado 22 de noviembre al joven afroamericano Akai Gurley en un edificio de viviendas protegidas del citado barrio. El relator de Naciones Unidas para las minorías, Rita Izsak, emitió ayer un comunicado en el que expresó su “preocupación legítima por el patrón de impunidad” que determinados jurados estadounidenses aplican a las minorías

De Blasio llegó al poder con la promesa de una ciudad más segura, más unida y más respetuosa con los derechos civiles. Las medidas del alcalde son las que miles reclaman ahora por las calles: ha puesto fin al stop-and-frisk (detener y registrar a la gente simplemente por su aspecto), ha eliminado los arrestos por posesión de pequeñas cantidades de cannabis, ha programado cursos formativos para 22.000 agentes, ha implantado cámaras que grabarán la actuación diaria de los policías, ha transformado la academia policial para que aborde la formación de agentes desde perspectivas más integradoras y ha establecido procedimientos para sacar de las comisarías y de las cárceles a miles de enfermos mentales. Como resultado, las quejas contra la policía se han reducido un 26% de julio a noviembre (de 2.450 a 1.813) con respecto al mismo periodo del año anterior, y un 10% entre enero noviembre (de 5.004 a 4.510).

Y todo lo ha hecho de la mano de su jefe de policía, William Bratton, defensor en su día de la intolerancia absoluta contra el pequeño delito. El resultado ha sido una caída histórica en todos los indicadores de criminalidad, estadísticas que fueron presentadas 24 horas antes de que el fallo del caso Garner lo hiciera saltar todo por los aires. “Todas esas reformas las hemos introducido con un solo objetivo: que la comunidad y la policía caminen juntos», declaró el jueves De Blasio.

Ahora, el alcalde intenta un equilibrio imposible. Por un lado, calmar los ánimos de la población negra para evitar la violencia. Por otro, no desairar a una policía que durante 20 años ha disfrutado de un gran poder intimidatorio y que aborrece al alcalde cuando se pone del lado de los colectivos negros, un tema muy delicado ya que el regidor está casado con una afroamericana y sus hijos son de raza negra.

Thomas A. Reppetto, historiador de la ciudad de Nuevo York y experto en criminología, relaciona el gusto de la policía por las políticas de mano dura porque estas son comparables a una estrategia militar: “La policía quiere dar esa batalla porque es la única que hasta ahora ha ganado”. Pasar de 700.000 detenciones por delitos menores en 2011 a sólo 50.000 este año es un salto en el vacío para un cuerpo educado para dominar la calle. En el fondo, tras la muerte de Garner subyace la resistencia del cuerpo a abandonar la teoría de las ventanas rotas, que nació en Nueva York como modelo para todo país.

La citada teoría (si el cristal de una ventana aparece roto y no se repara, al día siguiente estarán rotas todas las ventanas) nació en 1982, año récord de criminalidad en Nueva York, y se traduce masivas detenciones por pequeños delitos. Garner murió asfixiado cuando era arrestado por vender cigarrillos. Para los críticos, la teoría ampara excesos policiales contra negros, hispanos y pobres en general. “Hay una tensión muy real porque muchos ciudadanos han perdido la fe en nosotros. Creen que no somos justos e imparciales. Hay que restaurar la confianza”, declaró en televisión el jefe de policía de Filadelfia, Charles Ramsey, asesor particular sobre la cuestión del presidente Obama.

Fuente: El País