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El caso del general Rubén Alzate Mora puso en evidencia que la guerrilla no mantuvo su compromiso de febrero de 2012.

Como gesto de buena voluntad ante la opinión pública colombiana, las FARC anunciaron el 26 de febrero de 2012 que abandonarían el secuestro como práctica esencialmente utilizada para recaudar fondos. Meses después comenzarían oficialmente los diálogos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, para poner fin a un conflicto armado que ya lleva medio siglo.

Sin embargo, cuando la negociación lleva dos años sinuosos, pero con avances, todo el proceso está en la cuerda floja por el secuestro del general Rubén Alzate Mora, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. El Frente Iván Ríos de la guerrilla se hizo cargo de su rapto y del de sus dos acompañantes, la abogada Gloria Urrego y el cabo primero Jorge Rodríguez.

¿Se trató de un hecho aislado? Nada de eso. Desde marzo de 2012 hasta septiembre de 2014, las FARC secuestraron a 70 personas: 18 en el primer año, 30 en 2013 y 27 en lo que va de 2014, según un informe de Ágora Consultorías, que se nutre de fuentes oficiales. A ellos hay que agregar cinco que se produjeron el último mes: el de Alzate Mora y sus dos lugartenientes, y el de dos soldados que habían sido raptados tras un combate la semana anterior.

La explicación que dio desde La Habana el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, es que no raptaron civiles, sino un jefe militar, y que eso forma parte de la guerra que aún mantienen con el Estado colombiano. «No es admisible que quien declara la guerra sin cuartel, en medio de ella pretenda que no se toquen a sus soldados y generales», dijo.

Pero de esas 75 personas que fueron tomadas de rehén en el período, sólo 10 pertenecen a las Fuerzas de Seguridad, incluidos el general Alzate Mora y el cabo Rodríguez. Los otros 65 son civiles.

La mayoría de ellos son parte de los sectores más vulnerables de la sociedad. Hay 5 menores de edad, 5 amas de casa, 11 empleados, 6 conductores, 6 agricultores, 5 comerciantes, un minero, un vendedor, un operario y un docente. También hay, entre otros, 5 ingenieros, 4 técnicos, un periodista, un piloto, un turista y un contratista.

Al día de hoy, 11 permanecen cautivos, tres fueron asesinados y el resto fue liberado o rescatado por las autoridades.

«En muchos casos no se trata de exigir a cambio de la liberación una suma de dinero, sino generar temor entre la gente de la región para dar fuerza a sus exigencias extorsivas. Esto se produce en zonas en las que la guerrilla exige un pago periódico a quienes realizan actividades económicas», explica Orlando Hernández Angarita, consultor senior en gestión de riesgos de Ágora Consultorías, en diálogo con Infobae.

Por eso aparecen amas de casa, empleados de bajo rango y hasta adolescentes entre los secuestrados. La idea es infundir el terror entre los habitantes de un pueblo para poder cobrarles un canon por «protección», al igual que una organización mafiosa.

Pero también están los casos de secuestro convencional, en los que la finalidad es obtener un pago por el rescate. «Son personas previamente seleccionadas por su capacidad económica, por las empresas para las que trabajan. O los capturan en los retenes que hacen en sus zonas de influencia, eligiendo a los que ven con más recursos», agrega el especialista.

Si bien las FARC ya no tienen la capacidad logística y económica para sostener el nivel de secuestros de fines de los 90 y principios de los 2000, cuando habían hecho de Colombia el país con la tasa más elevada del planeta, muchos de sus frentes siguen dependiendo de esta práctica para financiarse.

¿Por qué las FARC no pueden cumplir con su palabra?

«Los líderes de las FARC reconocen públicamente que no tienen unidad de mando sobre todos los frentes guerrilleros que hay desplegados en el país. Y no todos ellos pueden financiarse a través del narcotráfico o de la minería ilegal, como hacen otros frentes, que son multimillonarios. Entonces, acuden a la extorsión y el secuestro», dice Hernández Angarita.

«Lo que dicen es -continúa- ‘si usted no me paga, yo voy y le quemo el carro y el negocio, o secuestro a algún conocido’. Así envían un mensaje todos. Son formas de aleccionar a la población civil para convencerla de que lo mejor es pagar».

Como la cúpula no controla todos los grupos que forman parte de la organización, por más que digan «a partir de este momento no secuestramos más gente», si algún frente necesita de esa práctica para su subsistencia lo sigue haciendo.

«Actúan por iniciativa propia. La mejor prueba es que la elite que está en La Habana no sabía que se había producido la captura del general Alzate Mora», dice Hernández Angarita.

Si esto puso y pone en duda la continuidad de los diálogos de paz no es solamente por el secuestro en sí, sino por lo que revela del funcionamiento de las FARC. Si el secretariado, con cuyos representantes negocia el gobierno, no puede forzar a los frentes menos poderosos a abandonar la extorsión, ¿cómo podría convencer a los más fuertes de dejar el narcotráfico?

«Existe incertidumbre y desconfianza frente a las posibilidad de que la totalidad de los alzados en armas se acoja a los acuerdos, porque hay zonas del país donde el negocio de la droga está manejado por ellos en toda su cadena logística. Desde la siembra, que la hacen comunidades que dependen de ellos, hasta el transporte y la venta en el exterior. Es un negocio sumamente rentable y no tienen una unidad de mando», dice Hernández Angarita.

«Es altamente probable que si se llega a firmar un acuerdo algunos frentes se declaren en desobediencia o continúen operando con otro nombre. Lo mismo ocurrió con algunos grupos de Autodefensas luego de su disolución», concluye.

Fuente: infobae.com