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El gobierno español se negó a negociar un referendo secesionista con Barcelona. Lo afirmó la vicepresidenta Soraya Saenz, en respuesta a un reclamo del líder catalán, Artur Mas.

«Ni este gobierno ni este partido van a dar votos a la negociación de un referendo secesionista. No intenten jugar con la soberanía nacional». Así de firme fue ayer el rechazo de la vicepresidenta del ejecutivo español, Soraya Saenz de Santamaría, al planteo que formuló al gobierno de Mariano Rajoy el titular de la Generalitat (gobierno catalán), Artur Más, de negociar un «referendo definitivo».

En el Senado, y respondiendo a una intervención del senador por Convergencia y Unión, Josep Lluis Cierles, la vicepresidenta sostuvo: » El derecho de autodeterminación no es posible ni en la Constitución (española) ni en ninguna de las otras democracias de nuestro entorno. Salvo que se cambie».

Sáenz de Santamaría estuvo clara y enérgica en su intervención, un hecho destacado cuando llueven las críticas internas en el PP y las fuerzas de derecha contra Rajoy acusado de haber dejado que Artur Mas se saliera con las suyas en el «proceso participativo» (consulta) que reunió 2.320.000 votantes el domingo pasado en toda Cataluña. La vicepresidenta exigió al senador catalán «menos retórica y más claridad . Si lo que quieren es la independencia no vamos a llegar a ningún acuerdo».

En la tarde de ayer Artur Más retiró el ultimátum que había dado a Mariano Rajoy de comenzar a negociar un «referéndum definitivo» o afrontar las consecuencias de una convocatoria anticipada de elecciones parlamentarias regionales que se convertirían en plesbicitarias.

Esta alternativa prevé un consenso entre los partidos soberanistas para ir en coalición a los comicios y, de triunfar, que el nuevo Parlamento electo proclame la independencia y después organice las instituciones de la República Catalana y abra un proceso constituyente para sancionar una Carta Magna de Cataluña.

Esa alternativa se concretaría entre el 25 de enero próximo y las dos primeras semanas de febrero de 2015. Sin embargo, se produjo una reunión de los dos partidos de la coalición que gobiernan en la Generalitat con mandato hasta 2016. Más señaló en conferencia de prensa que no contempla convocar elecciones plesbicitarias (constituyentes) de manera inmediata sin una previa negociación con «todos los actores políticos», en el gobierno central y las fuerzas políticas catalanas soberanistas.

Unión tiene una posición más morigerada. Apoyó la consulta y el voto afirmativo a la pregunta de si Cataluña debe ser un estado. Pero contestó con un rotundo no a la independencia.

Las plebiscitarias solo tendrán lugar para poder realizar el «referendo definitivo» por lo que Mas reclamó no focalizarse en el pedido ahora en constituyentes «porque nos puede llevar a la confusión».

Reiteró que «el objetivo es una consulta definitiva con todas las garantías y para esto quizás no habrá más remedio que usar las elecciones. El instrumento está allí y si hay que usarlo lo usaremos», dijo refiriéndose a las constituyentes.

Algunos comentaristas políticos locales señalaron que estos dimes y diretes ya han logrado crear una considerable confusión general. Añadió que el propósito es el de «fijar las condiciones para un dialogo permanente, lo que se ha hecho poco. Además, advirtió que iniciará una ronda de contactos con los partidos favorables al derecho a decidir, incluidos los socialistas, para explorar acuerdos de estabilidad, tanto a nivel de legislatura como en el potencial uso de las plebiscitarias. Rechazó también las acusaciones de que estos movimientos significan un paso atrás o de lado.

El conflicto se ahondó al anunciar la Fiscalía Superior que hoy presentará una querella por responsabilidades penales en el proceso participativo del domingo pasado, 9 de noviembre, en Cataluña

Fuente: CLARIN