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«Gracias», le dice Anahí Quinteros al oficial de la aduana que le está entregando los papeles migratorios en el límite fronterizo entre Salvador Mazza (Argentina) y Yacuiba (Bolivia) y piensa que lo engorroso del viaje ya pasó, que sus vacaciones, después de un año duro de trabajo, por fin arrancaban… Nunca imaginó que lo que realmente estaba iniciando era una pesadilla rutera que la tuvo a ella, su marido y sus dos hijos en vilo durante 700 kilómetros.

Se dirigían a Santa Cruz de la Sierra pero a pocos metros de cruzar el puente internacional se toparon con el primer control de la policía de Bolivia. «Nos detuvieron para ponernos un primer sello en la documentación de migraciones», contó Anahí a El Tribuno de Salta y detalló que allí comenzó el calvario.

«Una mujer uniformada me dijo: ‘Para sellar el papel tiene que darnos su voluntad’, yo no entendía muy bien a qué se refería. Finalmente le di 50 pesos argentinos y nos dejó seguir circulando».

«A menos de 50 kilómetros de Yacuiba -continuó Anahí- apareció otro control policial. Nos pidieron los papeles y nos dijeron que tenían que poner un sello pero que debíamos volver a pagar. Cuando se dieron cuenta de que me resistía a darles dinero, comenzaron a maltratarnos y a faltarnos el respeto delante de mis hijos que lógicamente se asustaron. ‘Acá no están en su país, acá se hace lo que nosotros decimos’, me dijo un policía boliviano, así que tuve que agachar la cabeza y darle más dinero».

Algunos kilómetros más adelante se repitió la historia: otro control, otro «peaje» y otra vez a pagar. «En todos nos pedían plata y nos ponían un sello pero lo peor fue antes de llegar a Villamontes».

«Nos hicieron bajar a todos, me pidieron papeles del auto, seguro, botiquín, documento de todos los que viajábamos y, como no nos encontraban nada irregular, un policía agarró el papel de migración y lo escondió. Me dijo que me faltaba una documentación y yo le expliqué que se la acababa de entregar. Pero a los gritos me preguntó si lo estaba acusando de robarle documentación. Yo me quedé callada porque mis niños comenzaron a llorar y me pidió dinero».

«Creíamos que ya no nos molestarían más pero estábamos muy equivocados», señaló la salteña y contó que a poco de llegar a Santa Cruz de la Sierra apareció un policía en moto. «Nos hizo bajar y comenzó a revisarnos. Me pidió revisar el botiquín y me dijo: ‘Acá falta la tijera'». Nuevamente la misma secuencia: gritos, amenazas y la reiterada frase: «Este no es su país, acá las reglas las ponemos nosotros y usted tiene que obedecer».

Pagó 700 pesos bolivianos (2.300 pesos argentinos aproximadamente) porque «era tal el maltrato, que sabíamos que estábamos a merced de esa gente, que podían inventar cualquier cosa, que era nuestra palabra contra la de ellos». En el camino de regreso la historia se repitió aunque con otros modos y para la familia de Tartagal esto fue una bendición: «Estábamos agradecidos de que nos cobren sin maltratarnos».

Fuente: Clarín