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La Justicia volvió a intimar al Gobierno para que defina si le pagará a Amado Boudou su pensión como ex vicepresidente de la Nación. La jueza federal Ana María Rojas hizo lugar a un amparo presentado por el ex vice y ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que se expida al respecto «en el plazo de veinte días de notificado, bajo apercibimiento» de ser denunciados penalmente por incumplimiento.

El Gobierno de Mauricio Macri tiene, una vez más, veinte días hábiles para resolver si le paga o no la pensión que continúa reclamando Amado Boudou como ex vicepresidente. La resolución judicial remitida a la administración macrista tiene fecha de este martes: la Justicia ordenó que la ANSES se expida al respecto.

No es el primera intimación que la justicia realiza al Gobierno para que se expida sobre el reclamo de Boudou. Ante el anterior planteo el organismo de la Seguridad Social solicitó una prórroga de diez días. Al respecto la jueza Rojas indicó que uno de los principios que integran el debido proceso, «consiste en que tratándose de actuaciones administrativas, éstas se cumplan sin dilaciones injustificadas, con observancia de los pasos y términos que la normativa ha organizado para las mismas».

En consecuencia, y tras los pedidos de prórroga requeridos por la ANSES, la magistrada entendió que «queda demostrado en autos que transcurrió un plazo que excede de lo razonable para que la autoridad administrativa dicte el acto correspondiente, encontrándose en mora de conformidad con lo dispuesto por la normativa aplicable».

Hace varios meses, el abogado de Boudou, Guido Quieto, presentó una acción de amparo por mora (número 2017-02743694) en el fuero contencioso administrativo reclamando que se comience a abonar mensualmente la pensión para el ex vicepresidente según lo que estipula la Ley 24.018 de pensiones y jubilaciones que rige la asignación mensuales vitalicias, desde el momento que deja de ejercer el cargo.

En este contexto, es que la jueza, hizo lugar al amparo por mora presentado por la defensa de Boudou. Y ordenó que la Anses «dicte la resolución administrativa que corresponda, dentro del plazo de veinte días y bajo apercibimiento» de ser denunciada, ya que no es la primera vez que se le pide al Estado que resuelva la situación, «si esta orden fuese desoída» podrán ser denunciados por incumplimiento.

El 10 de diciembre de 2015, Amado Boudou inició los trámites para comenzar a cobrar su pensión como ex vicepresidente de la Nación, un beneficio al que se acogió Cristina Kirchner en el mismo período. La finalización del expediente del ex vice contó con otros plazos y terminó judicializado.

Con una apelación por parte del Ministerio de Desarrollo Social -que para aquel entonces tenía a cargo este tipo de pensiones- tuvo que expedirse la Justicia. El otorgamiento de pensiones quedó después bajo la órbita de la ANSES y la jueza federal de la Seguridad Social, Ana María Rojas de Anezin, pidió explicaciones sobre el retraso.

Se adujo oficialmente un cambio administrativo, ya que las pensiones cambiaron de órbita. Las explicaciones no fueron suficientes y la defensa de Boudou insistió para que se agilice el trámite. “Hay una orden para no pagarle porque cumple con todos los requisitos y presentó toda la documentación y ya pasaron más de un año y medio”, indicó Quieto.

En el Gobierno rechazan una animosidad contra el ex vice y sólo reiteraron que el expediente se encuentra en el área de trámites complejos, «como las demás pensiones de ex presidentes y vice presidentes que pasan por ahí también». Asimismo, remarcaron que la resolución del trámite «depende del área que lo tiene, cada caso es diferente».

Ante la jueza Rojas que hizo lugar al amparo, Boudou ya había afirmado -mediante un escrito que presentó su abogado Guido Quieto- que “pongo de manifiesto que no recibo pensión o jubilación alguna ni nada que se contraponga con la presente norma”.

Al momento de explicar el retraso en el trámite en la pensión del ex vice y la presentación del amparo, su defensa indicó que responde al “silencio en la administración y mora injustificada”.

Desde el Gobierno argumentaron en su momento, que todo se debió a un problema con una notificación y al cambio de domicilio de Amado Boudou.

Tiempo después, el Director Nacional de Promoción y Gestión de Derechos, Cesar Carlos Neira, refirió a un “cambio de estructura” dentro de la repartición. Esto significó que los trámites de pensiones comenzaron a estar bajo la órbita de la ANSES y no del Ministerio de Desarrollo Social.

Padre de mellizos, Boudou continúa con un complejo frente judicial con el juicio en marcha por la compra venta de la ex calcográfica Ciccone y otros expedientes elevados a dicha instancia que podrían comenzar a desarrollarse este año. En estas instancias cuenta con diferentes embargos y en la actualidad, volviendo al ruedo político, se dedica a asesorías económicas.

Fuente: Clarín