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La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) deslizó hoy que pudieron haberse registrado ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad y varios casos de desapariciones forzadas durante las protestas antigubernamentales en Venezuela.

«La ACNUDH llegó a la conclusión de que las fuerzas de seguridad emplearon sus armas de servicio durante las manifestaciones, causando la muerte de 27 manifestantes», según el informe definitivo sobre las violaciones cometidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, periodo en el que murió un total de 124 personas.
La ONU ya adelantó el pasado 8 las conclusiones preliminares de su investigación, que efectuó mediante 135 entrevistas a testigos desde Panamá y Ginebra, dado que no tiene acceso al país.

El organismo recuerda que las armas de fuego nunca se deben emplear para dispersar una manifestación y que el disparo indiscriminado contra una multitud siempre es ilegal.
«El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos leales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale a un uso excesivo de la fuerza y, posiblemente a una ejecución extrajudicial», señala.
La ACNUDH ha registrado además «varios casos de desapariciones forzadas», una forma particularmente agravada de detención arbitraria, pero ha podido determinar el paradero de todas las personas cuyos casos fueron documentados.

Según la ONG Foro Penal Venezolano, 5.051 personas, entre ellas 410 niños, fueron detenidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, fecha esta última en la que seguían arrestadas 1.383 personas.

El organismo sostiene que los casos más graves fueron responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Guardia Nacional Bolivariana (Policía militarizada).

La ACNUDH también documentó casos en los que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y otros productos químicos.

Ante esta constatación, la ACNUDH pide al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU que consideren «adoptar medidas» para evitar un mayor deterioro de las libertades fundamentales en Venezuela.

«Ponemos este informe a disposición de la comunidad internacional y esperamos que sirva para la rendición de cuentas y como tal esperamos que sea empleado extensamente, incluido por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA)», señaló Hernán Vales.

Vales participó en la redacción del informe de la ONU que documenta «exhaustivas» violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre abril y finales de julio.

La OEA anunció en julio que comenzará en septiembre una serie de audiencias para determinar si hay base para que alguno de los Estados miembros del organismo lleve al gobierno del presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), y lo hará con el asesoramiento de un ex fiscal de ese tribunal, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo.

Vales dijo que es «probable» que el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) influya en el trabajo de Moreno Ocampo.

Fuente: Clarin