No Banner to display

La Legislatura bonaerense podría aprobar entre mañana y el viernes un proyecto de ley que obliga a los diputados y senadores provinciales a publicar sus declaraciones juradas, tal como hasta ahora lo hacen solamente los funcionarios del Poder Ejecutivo, policías y guardiacárceles de la provincia, en virtud de tres decretos de la gobernadora María Eugenia Vidal.

En uno de esos decretos, a principios de 2016, Vidal ya había «invitado» a intendentes y concejales a adherir a la obligación de dar cuenta de su patrimonio, algo que no todos los municipios hicieron. Pero el proyecto de ley que se tratará esta semana vuelve a correr el arco y extiende la invitación a otros dos sectores: gremialistas y empresarios.

En su artículo 2°, el proyecto aclara que la ley alcanza «con carácter imperativo» a los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo; «por adhesión» a los funcionarios municipales; y por «sometimiento voluntario» a los miembros de «los cuerpos colegiados de conducción y control de Asociaciones Gremiales de Trabajadores, de Empresarios, de Profesionales, comunitarias, sociales y a toda entidad que tenga por objeto administrar derechos e intereses colectivos y vincular las relaciones entre el sector público y los ciudadanos».

«Estamos invitando a los gremialistas a que se sumen: no deberían tener nada que ocultar», señaló a LA NACION el senador Walter Lanaro (Cambiemos), autor de la iniciativa junto al diputado Maximiliano Abad (Cambiemos). «Todos los que defendemos o representamos intereses colectivos deberíamos dar cuenta de nuestras acciones: eso incluye a políticos, pero también a gremialistas, empresarios y jueces», completó.

Los jueces bonaerenses, en la mira

La mención a los jueces no es casual. Cambiemos y la oposición confeccionaron varios proyectos de ley que extienden la obligación de publicar las declaraciones juradas a los jueces y fiscales bonaerenses. Pero las dudas sobre la constitucionalidad de «avanzar» sobre otro poder, más el lobby ejercido oportunamente por los magistrados y sus operadores, frenaron todos los intentos.

La discusión de incluir o no a los jueces en el proyecto de ley se repetirá hoy y mañana, en los plenarios de Labor Parlamentaria previos a la sesión prevista para el jueves en Diputados y el viernes en el Senado.

Como contó LA NACION, existe una puja subterránea entre la gobernación y la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que jueces y fiscales publiquen sus declaraciones juradas. El ariete de Vidal en esa arena es el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, que pretende que el máximo tribunal redacte una acordada antes de fin de año para obligar a 14.000 funcionarios judiciales y del Ministerio Público bonaerenses a dar cuenta de sus bienes.

Desde los tribunales advierten que sólo la Corte puede decidir un nuevo régimen de declaraciones juradas y que el máximo tribunal trabaja en esa reforma desde diciembre de 2016. Pero no parecen compartir el apuro de Vidal y Conte Grand.

Hoy, los jueces bonaerenses están regidos por el Acuerdo 1983, del año 1981, que los obliga a presentar sus DD.JJ. al ingresar al cargo y a renovarlas cada cinco años o cuando modifican su patrimonio. Pero no se prevé un mecanismo de acceso público, salvo que el interesado denuncie por enriquecimiento ilícito al magistrado y presente pruebas. Requisito que, en los hechos, cercena el acceso a la información.

«El mandato de María Eugenia y Maurcio [Macri] es ir derribando los muros que separan a los políticos de los ciudadanos comunes. El massismo y un sector del peronismo están de acuerdo. Ojalá los jueces se sumen», señaló Lanaro.

La «resistencia» opositora

Con la nueva composición de las cámaras, Cambiemos tiene los números para aprobar la ley esta semana: tiene quórum propio (y casi los dos tercios) de los miembros en el Senado provincial y necesita sólo un par de aliados para conseguir la mayoría en Diputados.

La oposición podría dar batalla. Pero no para frenar el proyecto de ley, sino para profundizarlo: tanto el massismo como La Cámpora, el GEN y el PJ tienen sus propios proyectos de ley sobre declaraciones juradas, pero más abarcativos: regulan hasta los regalos que reciben los funcionarios y, sobre todo, crean el Tribunal Social de Responsabilidad Política, previsto por la Constitución provincial.

Ese tribunal, autónomo y autárquico, fue frenado el año pasado por el oficialismo: para la misma época que se intentó votarlo en el recinto, Vidal creaba una suerte de oficina anticorrupción (Oficina de Fortalecimiento Institucional) que, como la que dirige Laura Alonso en el gobierno nacional, está a tiro de decreto del Poder Ejecutivo.

Fuente: La Nación