Un fiscal rechaza la venta de Indalo y se complica la situación del grupo de Cristóbal López

La operación ya fue rechazada por la AFIP y por los veedores judiciales



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El fiscal Gerardo Pollicita se opuso a la venta del Grupo Indalo. Así, los planes de Cristóbal López de desprenderse de la totalidad de acciones de su holding para ser vendidas a OP Investiment, propiedad de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, suman dificultades y se alejan cada vez más de una venta. La operación ya fue rechazada por la AFIP y por los veedores judiciales.

 

Con 170 empresas, el Grupo Indalo atraviesa su peor momento desde que fue constituido- durante el gobierno kirchnerista-. Sus dueños Cristóbal López y Fabián De Sousa están presos por defraudación al Estado desde el 19 de diciembre. Justamente, buscar desprenderse del holding pese a la inhibición de bienes impuesta por el juez Julián Ercolini en el marco de esta causa, fue uno de los argumentos que sustentan la prisión preventiva.

Consideró que la venta es una de las «diversas conductas tendientes a impedir la conservación» del patrimonio del Grupo que es la garantía para afrontar el pago de la deuda con la AFIP que llega a $ 17.000 millones. Es por la evasión al impuesto a los combustibles, por parte de la petrolera Oil Combustibles.

A fines de diciembre el juez Ercolini, ante un nuevo escrito que presentó Carlos Beraldi, abogado de López y su socio, insistiendo con la venta, le pidió a las partes (el fiscal Gerardo Pollicita, la AFIP y los veedores), que vuelvan a pronunciarse sobre la operación.

En un escrito de 20 páginas al que accedió Clarín, con duras críticas, el fiscal Pollicita rechazó la venta del Grupo Indalo. Entre sus argumentos señaló que el plan de venta “lejos de contener una propuesta seria y documentada de cómo se instrumentará un plan de negocios en el quienes adquieran la propiedad del Grupo Indalo, evidenciarían una ingeniería societaria legal compleja tendiente a lograr adquirir las empresas del grupo y sus bienes a un valor simbólico y obtener así los máximos beneficios posibles trasladando los riesgos a terceros en particular al Estado nacional”.

Fuente: Clarín