Cristóbal López está acusado de haber defraudado al Estado en $ 8.000 millones durante el último gobierno de Cristina Kirchner por no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) con Oil Combustibles, la petrolera que hoy está quebrada. Así generó una deuda multimillonaria con el fisco, mientras utilizaba los fondos que no le pagaba a la AFIP para financiar y ampliar su conglomerado empresarial.

Para el fiscal Pollicita la causa no es ajena a la investigación por una supuesta asociación ilícita encabezada por Néstor y Cristina Kirchner, ni del expediente que sigue el direccionamiento de la obra pública a empresarios K como Lázaro Báez. Pollicita cree que hay una “matriz de corrupción” que dio “favores” a un “reducido número de empresarios amigos ligados personal y comercialmente» a los Kirchner. Entre ellos, para el fiscal, está López.

Con este telón de fondo, Pollicita en un dictamen de 114 páginas al que accedió Clarín, sostiene que los empresarios K se dedicaron de manera sistemática y constante a “llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos”. Hay más. Estos empresarios amigos fueron engranajes en la etapa siguiente: la del “reciclaje de activos”. Así, se “retornó una porción de lo sustraído” al Estado, como es el caso de López a la AFIP, mientras era inquilino de Cristina Kirchner y adquiría medios de comunicación “funcionales al Gobierno” kirchnerista.