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Un equipo de médicos llevó adelante un aborto de los denominados «no punibles»a una menor de 11 años abusada en el Hospital Nicolás Avellaneda, de San Miguel de Tucumán. Desde que practicaron el aborto, las intimidaciones, mensajes por Whatsapp y amenazas no cesan.
La ginecóloga infanto-juvenil Fabiana Reina fue hostigada por realizar el procedimiento, que es legal en estos casos, según consignó el portal Infobae. La menor acudió al hospital con su madre, quien dio aval para llevar adelante el aborto.
La clínica se autodenomina como un lugar «objetor de conciencia institucional», pero algunos profesionales que trabajan allí no están de acuerdo con esa decisión que tomaron las autoridades del centro de salud.
«Ante los hechos ocurridos en una institución de salud pública de Tucumán, el Hospital Avellaneda, en torno a la realización de una ILE a una menor edad, respaldamos y brindamos todo nuestro apoyo a la Dra Fabiana Reina, lxs profesionales y directivxs sanitarios que garantizaron dicha práctica de forma segura, la cual se encuentra dentro del marco legal de aborto no punible por causales en nuestro código penal argentino desde el año 1921», expresó la Red de Estudiantes de la Salud por el Derecho a Decidir (NOA) a través de un comunicado.
Por otro lado, la organización Ni Una Menos Tucumán salió a respaldar a la médica: «Desde Ni Una Menos Tucumán respaldamos el accionar de la doctora Fabiana Reina y el equipo de salud que garantizó el acceso a una ILE a niña abusada y que un sector de médicos antiderechos intentó bloquear. No solo demuestran su menosprecio por la salud y derechos de las niñas y mujeres sino sus mecanismos de apriete y terror para imponer sus intereses».
Desde 1921, la interrupción del embarazo es legal en los casos de peligro para la vida o de la salud de la mujer, en situaciones de violación, o de «atentado al pudor de mujer demente o idiota».
Como la mayoría de los casos se judicializaban, la Corte Suprema de Justicia dictó en 2012 una sentencia en la que estableció que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible «sin importar su capacidad intelectual, sin requerirse autorización judicial previa para acceder a la práctica y sin que exista obligación de realizar la denuncia penal del delito sino que basta con completar una declaración jurada en la que la mujer víctima de una violación manifieste que el embarazo es producto de ese delito».
Fuente: La Nación
