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El edificio sobre la calle Marcelo T. de Alvear que alberga a la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini amaneció esta mañana en estado de toma con sus puertas cerradas con un candado. El nombramiento de un profesor provocó la furia de los estudiantes: en un comunicado, acusaron al docente de «consumir pornografía infantil», cuya sola tenencia es considerada un delito tras la modificación del artículo 128 del Código Penal en marzo del año pasado.

Así, los alumnos convocados en asamblea aplicaron esta medida de fuerza por tiempo indeterminado a modo de protesta.

La acusación no es nueva. El docente mencionado en el comunicado ya había tenido cruces con los alumnos anteriormente cuando a principios de 2017 había supuestamente alcanzado un cargo de autoridad en otro colegio que depende de la UBA. Cuando un grupo de alumnos lo acusó de consumir pornografía infantil a través de su cuenta de Twitter, el docente radicó una denuncia la comisaría 3ra de la localidad de Victoria, en San Fernando, donde manifestó que en su teléfono celular, que tenía sin clave de acceso, había visto que aparecía contenido «indecente o inmoral» en su cuenta personal de esa red social y que creía que alguien habían ingresado al dispositivo o se lo habían hackeado.

A pesar de que se desligó las acusaciones, el profesor protagonizó una discusión «en términos que no correspondían», de acuerdo con fuentes de la institución educativa, con uno de los alumnos que lo había denunciado, la cual motivó su renuncia a ese puesto y a conservar solo su cargo como docente.

En la carta que presentaron los estudiantes a las autoridades de ese colegio por entonces, sin embargo, los alumnos hablaron solo de pornografía, lo cual no constituye un delito como sí, en cambio, el consumo de pornografía infantil.

Pero cuando en los últimos días los estudiantes supieron que el mismo profesor había sido contratado por la Secretaría de Educación Media de la UBA, enfurecieron. Este lunes, luego de que las autoridades de la universidad firmaran la resolución que efectivizaba el ascenso, los estudiantes resolvieron en una asamblea espontánea tomar el colegio por tiempo indeterminado. «Una vez más el Rectorado demostró la impunidad que le otorga», escribieron en un comunicado los integrantes de la organización La Mella.

Sin embargo, las autoridades del colegio argumentaron que no existen denuncias formales ni informales contra el profesor y enviaron una carta a los padres en la que consideraron que la medida es «extrema e inconducente», que «vulnera el derecho a la educación de nuestros estudiantes» y «dinamita instancias de diálogo necesarias».

También insistieron en que «no corresponde tomar medidas de manera arbitraria, sin que medien los protocolos existentes, los derechos laborales y el debido proceso». «En la escuela y en la Universidad se encuentra plenamente vigente el ‘Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual’ y es compromiso de esta gestión su efectiva aplicación», agregaron.

Mientras tanto, los alumnos -que pidieron enérgicamente que el profesor deje de tener contacto con los estudiantes- convocaron asambleas en los tres turnos y el Colegio Nacional Buenos Aires también hizo lo propio. «Esto no es una decisión aislada por parte de la Universidad de Buenos Aires sino una política sistemática por parte del Consejo Superior», manifestó en ese sentido Ana Bellati, presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini.

Las autoridades, sin embargo, no comprenden las reivindicaciones de la medida que presentaron los representantes estudiantiles, entre las que figuran la aplicación de la ESI, el reclamo por el aborto legal, la liberación de Milagro Sala y el repudio a la participación del FMI en la economía nacional.

«Nos llama la atención que haya una toma porque la reunión que piden con el secretario puede hacerse sin ningún problema. Es extraño que pidan que el docente deje de tener contacto con los alumnos cuando es justamente lo que está sucediendo por su nueva función», explicaron a Infobae. En su comunicado a los padres, además, las autoridades del colegio aclararon también que las clases perdidas serán recuperadas modificando el calendario escolar.

Tras su modificación, el artículo 128 del Código Penal prevee penas de uno a cuatro años de cárcel para quien posea pornografía infantil, con un mínimo de tres en casos de distribución.

Fuente:

Infobae