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El tenista argentino Franco Agamenone (26 años; actual 1003º de singles en ATP, ex 377º) fue castigado con 10 meses de suspensión en el circuito luego de dar positivo de hidroclorotiazida y metabolito (sustancias especificadas bajo la categoría S5 de la Lista Prohibida de la AMA 2019, «Diuréticos y agentes de enmascaramiento») en un control antidopaje realizado por la Federación Internacional de Tenis el 26 de marzo pasado, durante el segundo de los tres M15 (ex Futures) que se realizaron en el Tennis Ranch de Pinamar.

En su momento, Agamenone comentó que el positivo se produjo por haber ingerido un suplemento «contaminado» realizado en un laboratorio de Buenos Aires. «Cuando me notificaron desde la ITF yo estaba jugando en un torneo de Roma y quedé muy preocupado. Nunca me imaginé esto. Me notificaron que el suplemento que tomé estaba contaminado, pero lo tomo desde hace dos años y nunca tuve problemas; el año pasado me habían hecho controles en tres Challengers y no pasó nada raro. No quise sacar ningún tipo de ventaja. Es más: soy recontra ordenado, tomo y como lo que me dicen al pie de la letra. Además, al comienzo de cada temporada leo la lista de sustancias prohibidas publicada por la ITF», afirmó Agamenone, el 21 de junio pasado.

El cordobés de Río Cuarto todavía conservaba suplementos del mismo frasco que utilizó en el certamen de Pinamar, los puso a disposición de la ITF y los envió por correo al laboratorio de la WADA en Montreal, pero el proceso se demoró porque, extrañamente, le comunicaron que el envío postal se había «perdido», pero luego apareció y analizaron los suplementos contaminados. Ahora, se espera que el laboratorio de Buenos Aires, de donde salieron los suplementos «contaminados», de explicaciones al respecto.

Agamenone no fue el único tenista argentino en dar positivo en el torneo de Pinamar. Mateo Martínez (25 años) dio positivo por betametasona, un corticoide que figura en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje, y deberá permanecer alejado de las canchas durante 20 meses.

Fuente: La Nación