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En una nueva sesión de la Cámara de Diputados, que dejó la sanción del proyecto de ley Justina -una iniciativa que convierte a todo mayor de 18 años en donante-, también se sancionó la ley Brisa, una reparación económica a hijos de víctimas de femicidios.
Con 203 votos afirmativos y por unanimidad, el proyecto crea el régimen de reparación económica para hijos e hijos de víctimas fatales de violencia de género . La diputada por la UCR Alejandra Martínez quien detalló los alcances de la iniciativa: «El femicidio pone en evidencia la violencia de género más estructural que ocurre en nuestro país. Además de las víctimas directas, están las víctimas colaterales. Es el momento en que más necesitan del Estado».
«Ponemos el nombre de un caso emblemático, el de Brisa, pero es una situación que se repite de a cientos en el país. Es una ley impulsada por familiares y por el gran empuje que le dio ‘La Casa del Encuentro'», explicó Martínez, titular de la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
La historia que le dio nombre a la iniciativa
Brisa y sus dos hermanos mellizos son hijos de Daiana Barrionuevo, una joven de 24 años que fue asesinada a golpes por su expareja y padre de los chicos, Iván Adalberto Rodríguez, en diciembre de 2014, en la localidad bonaerense de Moreno.
Su cuerpo apareció flotando en el arroyo Las Catonas y el femicida fue condenado en 2017 a prisión perpetua. En aquel momento, el padre de Daiana, Osvaldo Barrionuevo, quedó a cargo de los chicos. El abuelo tuvo que recurrir a los medios en busca de ayuda económica para poder criar a sus nietos. Solicitaba de manera desesperada vestimenta, útiles, juguetes y alimentos.
El caso se volvió emblemático y, junto a otros tantos, fue tomado para impulsar los diversos proyectos de ley que buscan brindar respuestas a esta situación crítica y muy dolorosa que hoy afecta a más de 3000 menores.
Detalles de la iniciativa
El proyecto, que ya tenía media sanción del Senado de la Nación, establece la creación de un régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes cuando cualquiera de sus progenitores haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio contra su otro su progenitora.
Según la iniciativa, para hacer efectiva la reparación económica, las personas que administren la prestación deben acreditar ante la autoridad de aplicación tener a su cargo a la niña, niño y/o adolescente. En el supuesto de personas con discapacidad sin límite de edad, deberán presentar el certificado único de discapacidad emitido por autoridad competente.
Además, la reparación económica deberá ser abonada por el Estado Nacional mensualmente, por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo y será considera como de atención integral compatible con las asignaciones familiares.
Además, se dispondrá la cobertura integral de salud, que deberá cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y psíquica; garantizar en forma prioritaria la atención integral y cumplir un seguimiento y control por parte del Ejecutivo.
Fuente: La Nación
