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En el marco de la tensa relación entre el Gobierno y los sindicatos, que se incrementó en las últimas semanas con la detención del sindicalista Marcelo Balcedo y las críticas que elevaron contra el Ejecutivo Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, la administración de Mauricio Macri dispuso reforzar los controles sobre los padrones de afiliados a las obras sociales que son beneficiarios del subsidio SUMA, un fondo que compensa diferencias entre las prestadoras del sistema de salud.

La decisión se tomó a través de una resolución de la Superintendencia de Salud, publicada en el Boletín Oficial, aunque ya había sido anticipada por el jefe de Estado a fines del año pasado, cuando anunció desde el CCK su plan de «reformismo permanente» y arremetió contra los sindicatos al asegurar que había «demasiados».

Según esa medida, antes de que la AFIP realice las transferencias de lo recaudado, las obras sociales deberán informar la totalidad del padrón de beneficiarios que están alcanzados por el SUMA.

También, se extreman los controles sobre las personas mayores de 70 años, adherentes de obras sociales que optan por continuar siendo atendidos en ellas y no en el PAMI, con el pago de una diferencia.

El Poder Ejecutivo justificó esta resolución al señalar que «la experiencia recogida en estos años, ha evidenciado variaciones en el sistema de distribución automática instituido por el Decreto Nº 1609/12 y por el Decreto Nº 1368/13 en lo relativo al Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) y subsidio para mayores de 70 años (SUMA 70) respectivamente«.

«La inclusión de los beneficiarios adherentes voluntarios en los universos referidos, concluyó impactando en la información consolidada por este organismo«, según el texto oficial.

Fuente: ámbito