Con la firma del juez Juan Carlos Reynaga, el ex jefe del Ejército fue imputado por privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal, imposición de tormentos agravados y asociación ilícita.

«De conformidad a lo señalado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y considerando que la detención del imputado Milani se ajusta a la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los estándares internacionales reconocidos por la Nación, asimismo por haberse ordenado conforme a derecho, no resulta procedente el beneficio de prisión domiciliaria solicitada», sostuvo el Tribunal, según consignó la agencia de noticias NA.

En ese sentido, valoró la opinión del fiscal en cuanto «expresa que el encartado Milani presenta un cuadro de Stress Postraumático y Síndrome Depresivo Reactivo lo cual genera un cuadro de angustia, el cual deviene de manera natural y humanamente consecuente con la situación que reviste y/o padece toda persona que se encuentra privada de su libertad, y en efecto ello no reviste una situación de carácter excepcional o única del procesado».

«A efectos de resguardar la salud e integridad física y psíquica del procesado, deberá ordenarse al establecimiento penitenciario donde se encuentra alojado se arbitren los medios necesarios para implementar los tratamientos médicos y/o psicológicos y/o psiquiátricos necesarios conforme su estado angustioso y de stress agudo, debiendo garantizarse los mismos con información periódica al Tribunal», dispusieron.

Asimismo sí se tuvo en cuenta la situación de «hostigamiento» que Milani denunció de otros internos del penal de Ezeiza en el que está detenido y, en base a ello, consideró que «deberá advertirse al Servicio Penitenciario sobre tal situación, a efectos de que se arbitren los recaudos necesarios y conducentes para evitar los mismos».

Detención. Milani, que se encuentra detenido en el penal de Ezeiza, está señalado como parte de una asociación ilícita que secuestró y torturó personas: en este caso concreto, se lo acusa de la privación ilegal de la libertad de Pedro Olivera y de su hijo Alfredo, hechos que tuvieron lugar en marzo de 1977, en plena dictadura militar en La Rioja.

Fuente: Perfil

Foto: NA