Hoy por la madrugada, Bruno Cortez  y Luis Fernández, ambos de nacionalidad argentina, sintieron el pavimento del Acceso Oeste en Ituzaingó luego de que efectivos policiales los frenaran en un control caminero y los esposaran en el piso.

La Policía Federal encontró en el Duna precintos para maniatar, un bidón de nafta, una pistola .9 mm con ocho balas. En el asiento trasero estaba el cuerpo sin vida de Xiomara Méndez Morales, de 15 años, hija de ciudadanos peruanos y vecina de la Villa 1-11-14, secuestrada la tarde anterior en la puerta de su colegio en Flores.

La madre de Xiomara, que regentea un puesto de ropa en una galería de la calle Corrientes, denunció el hecho a la ex Comisaría N°40 una hora después de que su hija desapareciera, lo que disparó una causa en la Fiscalía N°12 de  Alejandra Mangano y un seguimiento de la división Antisecuestros de la Policía Federal. El testimonio de una compañera de la menor, según fuentes policiales, apuntaba a que Xiomara se había subido al auto de sus captores por su propia voluntad.

Una tía de la menor aseguró hoy en declaraciones televisivas que conocía, por lo menos, «al remisero»: Luis Fernández, jujeño, de 40 años, con domicilio en Parque Patricios, a pocas cuadras del hospital Churruca, trabaja para diversas empresas de taxis hace al menos cuatro años, también tiene domicilios registrados de acuerdo a datos de la AFIP en la zona de Riestra y Bonorino, pleno Bajo Flores.

La tía de Xiomara incluso lo vinculó a la agencia de viajes Los Rebeldes, una figura frecuente en los movimientos narco de «Marcos» Estrada González, histórico capo narco del asentamiento del Bajo Flores.

Sin embargo, los registros de más de diez años de investigación contra el capo en el Juzgado Federal N°12 de Sergio Torres no muestran a Fernández como cómplice o siquiera mencionado. Además, su condición de argentino lo excluiría de la banda: ser peruano siempre fue una condición absoluta para trabajar para «Marcos».

Fernández sería el punto de partida en el viaje: Bruno Cortez el final. La menor fue encontrada en el Acceso Oeste. El segundo detenido tiene domicilio en Morón de acuerdo a registros oficiales. Padre de dos hijos, el hombre de 36 años de edad consiguió empleo en los últimos meses en una agencia de seguridad privada, el año pasado trabajó en una empresa porteña de construcción.

El supuesto vigilador no figura como imputado en ninguna causa en los registros de la Cámara Federal porteña por drogas o secuestro extorsivo. El remisero Fernández, en cambio, sí tiene un antecedente de acuerdo a registros, una causa por estupefacientes radicada en el Juzgado Federal N°2 que data del año 2004 con un ciudadano peruano como coimputado.

Hoy por la mañana, el padre de Xiomara se acercó al punto en el Acceso Oeste en donde los dos hombres fueron arrestados para interiorizarse sobre la situación. «¿Dónde está mi hija?», preguntó, vestido con una camiseta del Flamengo: el cuerpo ya había sido trasladado a la Morgue Judicial porteña. Tras hablar con investigadores de la PFA, Méndez Morales rehuyó a las consultas de la prensa.

Fernández y Cortez, por lo pronto, permanecen detenidos en la dependencia de la calle Madariaga de la PFA en Villa Lugano. Queda, mientras tanto, un cabo suelto: el titular del Duna, un ciudadano peruano de 41 años que ya está siendo investigado por la Justicia federal.

El pedido de cocaína junto a los 30 mil pesos del rescate se vuelve sumamente llamativo. Un adulto muy cercano a Xiomara, parte de su familia, fue detenido por el operativo Cinturón Sur en las inmediaciones de la Villa 1-11-14 en marzo de 2014: llevaba 182 bolsitas de cocaína, 73 gramos en total, un caso que recayó en el despacho del fiscal Guillermo Marijuán. El Tribunal Oral Federal N°1 le dio una probation de 96 horas de trabajo comunitario en una iglesia un año y medio después.

Por lo pronto, fuentes tanto judiciales como policiales consultadas por Infobae se niegan a arriesgar una hipótesis de por qué Xiomara fue secuestrada y asesinada a plena luz del día.

Cortez y Fernández serán indagados mañana en los tribunales de  Comodoro Py. El delito que se les imputa, secuestro extorsivo seguido de muerte agravado por el cobro de rescate y la edad de la víctima, les garantiza si es que son condenados como culpables una pena de cadena perpetua en una cárcel federal.

Fuente:Infobae