El juez federal Claudio Bonadio ordenó esta tarde una serie de procedimientos vinculados a una causa anexa a la investigación de los cuadernos de las coimas K. En total, son unos 82 operativos en reparticiones públicas y empresas que consisten en órdenes de presentación con el objetivo de buscar información de obras públicas que se realizaron entre 2003 y 2015.

Se trata de un expediente que puso la lupa sobre más de 70 empresas que hicieron negocios con la obra pública durante los años 2003 y 2015, mientras gobernaba el kirchnerismo. En los operativos, las fuerzas de seguridad piden información administrativa, actas societarias y otra información.

En noviembre, Bonadio le había pedido a la Inspección General de Justicia (IGJ)que le informara los nombres de las autoridades de 71 empresas que participaron de las licitaciones de obra pública entre los años 2003 y 2015.

Además, el juez le había solicitado a la IGJ que le informara si alguna de esas compañías integraron Uniones Transitorias de Empresas (UTE) para participar de las licitaciones estatales.

El dirigente, que está en el cargo desde fines del año pasado, explicó que el sistema de votos de la entidad está vinculado a la facturación de cada compañía y que por eso tienen los balances de los miembros, aunque no los archivan. «El día de la elección vemos cuántos votos le corresponden a cada miembro según su patrimonio y cuando se vota se tiran, es el único propósito por el que los tenemos.Presentamos lo que había, además hay balances en los que están las autoridades y otros en las que no», detalló.

Crivelli, que es abogado, aseguró que no sorprendió el procedimiento: «En los procesos penales siempre los jueces tratan de conseguir informes de todos lados. Seguramente también se los van a pedir a la IGJ, o ya se los pidieron». Por otro lado, insistió, como ya lo había hecho ante Infobae, que la sede de Camarco en ningún caso fue señalada en la causa como «ámbito físico o moral» de las maniobras que investiga la causa.

Entre los titulares de esas empresas se encuentran algunos de los acusados en la causa que confesaron haber pagado coimas y que luego se convirtieron en imputados colaboradores de la investigación. Algunas de las compañías que participaron del circuito de la obra pública en esos años son IECSA, que entre 2003y 2007 estuvo conducida por la familia del presidente Mauricio Macri y luego en 2007 fue comprada por el primo del mandatario, Ángelo Calcaterra; o Electroingeniería, cuyo dueño Gerardo Ferreyra está procesado y detenido en esta causa.

También aparece la empresa de Aldo Roggio, Benito Roggio e Hijos; Esuco de Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción), quien confesó haber sido quien organizó la cartelización de la obra pública entre 2003 y 2015; la firma José J. Chediack, a cargo de Juan Chediack (también ex titular de la Cámara de la Construcción); entre otras.

En el listado que Bonadio le había enviado a la IGJ empresas como Decavial, Supercemento, Luis Losi, Panedile Argentina, Coarco y Equimac, cuyos titulares confesaron el pago de coimas en declaraciones como arrepentidos o en indagatorias. Algunos fueron procesados mientras que otros todavía no vieron resuelta su situación procesal.

El listado de 71 empresas se basa en información aportada por el financista Ernesto Clarens, quien confesó haber recaudado el dinero para otorgar las coimas a los ex funcionarios y los empresarios. Clarens aportó varios listados de empresas con las sumas de dinero que hizo cada una de ellas.

La lista está compuesta por compañías dedicadas a la obra pública en todo el país y que están siendo investigadas como parte de un desprendimiento del caso iniciado a partir de la descripción de un sistema de recolección de bolsos con dinero que hizo Centeno, el chofer de Roberto Baratta, ex número dos de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación.

Fuente:Infobae