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La Fiscalía surcoreana ha solicitado una orden de detención del heredero del imperio Samsung, «Jay» Lee Jae-yong, de 48 años, como sospechoso de soborno en el caso de corrupción política que ha causado la inhabilitación de la presidenta Park Geun-hye. Lee había sido convocado a declarar la semana pasada y fue interrogado por una comisión independiente durante 22 horas entre el jueves y el viernes. Tras la petición de la Fiscalía, corresponderá a un tribunal en Seúl decidir el miércoles si emite la orden de detención contra uno de los hombres más poderosos del país.

El mayor conglomerado empresarial de Corea del Sur se encuentra bajo sospecha de haber efectuado donaciones millonarias a una fundación que presidía la amiga de la presidenta Park Choi Soon-sil a cambio del visto bueno del servicio nacional de pensiones, un accionista clave, a la polémica fusión de dos de sus empresas. Choi, apodada la «Rasputina surcoreana» por su influencia sobre la presidenta, es la figura en el centro del escándalo de tráfico de influencias y corrupción que domina la vida política surcoreana desde el pasado octubre. De 60 años, se encuentra detenida desde noviembre como sospechosa de haber utilizado su cercanía a la presidenta para conseguir, con la connivencia de Park, que las empresas surcoreanas donaran cerca de 70 millones de dólares a las fundaciones que encabezaba. La mayor parte de ese dinero, según la acusación, fue a parar a su bolsillo.

Samsung fue, según las sospechas de la acusación, el «chaebol» (conglomerado familiar) más generoso hacia Choi. El grupo donó cerca de 17 millones de dólares y los fiscales consideran que Jay Lee, vicepresidente de Samsung Electronics -la empresa principal del grupo, líder mundial en telefonía móvil- y jefe supremo de facto de toda la organización, dio su aprobación personal a esas sumas. Además, Samsung firmó en agosto de 2015 un contrato de consultoría por valor de 22.000 millones de won (18,3 millones de dólares) con una empresa propiedad de Choi y basada en Alemania. Según los fiscales, transfirió a esa compañía miles de millones de won que se emplearon para que la hija de Choi recibiera clases de equitación.

Choi compareció este lunes ante el Tribunal Constitucional para declarar en el proceso de destitución de Park. La amiga de la presidenta, que no hizo declaraciones a la prensa, niega los cargos de abuso de poder y chantaje que se le imputan. El Constitucional tiene que pronunciarse sobre la validez de la destitución de la presidenta, aprobada por la Asamblea Nacional surcoreana el 9 de diciembre. Desde esa fecha, el tribunal tiene 180 días para tomar una decisión. Si da su visto bueno a la inhabilitación, Corea del Sur deberá celebrar elecciones en el plazo de dos meses.

Fuente: La Nación