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La Cámara Federal penal porteña, el tribunal por donde pasan todos los casos de corrupción de la administración pública nacional en la ciudad de Buenos Aires pero que sólo tiene a dos jueces de los seis que debiera poseer, le propuso al Consejo de la Magistratura que elija entre tres magistrados de tribunales orales de Comodoro Py para completar al menos temporariamente como subrogantes una de las dos vacantes existentes en su sala I.

A propuesta de Leopoldo Bruglia, presidente y único integrante de la sala I, la Cámara le comunicó al Consejo que recomienda para ocupar una de las dos vacantes de ese tribunal a Pablo Bertuzzi y Néstor Guillermo Costabel, ambos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4) y a Jorge Gorini, del TOCF2. Bruglia dio «fe» al Consejo de su profesionalidad e idoneidad» porque trabajó con ellos en los últimos años.

Estos tres magistrados intervienen actualmente en el juicio oral contra el ex vicepresidente Amado Boudou por el escándalo de la imprenta Ciccone. Gorini lo hace en condición de cuarto juez sustituto por si alguno de sus tres colegas titulares -el tercer juez del tribunal es Gabriela López Iñíguez- se enferma o no puede asistir a las audiencias.

Este último argumento es el que esgrimieron fuentes judiciales a Clarín para explicar el por qué del pedido de la Cámara Federal al Consejo, que podría tratarlo en su próxima reunión de la semana que viene. La sala II, presidida por el juez Martín Irurzun -al igual que la Cámara entera- también tiene dos vacantes, con lo que todas las causas que les llegan apeladas desde los juzgados de primera instancia deben ser resueltas por ellos dos. Y si uno de ellos se enferma, las causas no pueden ser resueltas con la firma de un solo magistrado sino al menos con dos y que estén de acuerdo.

El problema se agravó en los últimos días cuando Irurzun y Bruglia, que en estas semanas trabajaron casi sin descanso, no se pusieron de acuerdo en cómo resolver una causa. Como no hay tercer juez en la cámara que ellos integran, le pidieron a la Cámara del Crimen que sorteara entre uno de sus integrantes para desempatar la resolución del caso. Así se hizo históricamente.

Tal como informó Clarín semanas atrás, los camaristas del fuero penal ordinario empezaron a rechazar intervenir en causas federales porque la Corte Suprema dijo recientemente en dos polémicas acordadas que ellos no son jueces federales. Lo hizo al rechazar los también polémicos traslados de magistrados dispuesto por el Gobierno a través del Consejo de la Magistratura a tribunales federales de Comodoro Py.

El primer camarista del fuero penal ordinario que rechazó intervenir en el desempate de ese caso -una causa menor, sin repercusión pública y sin presos, según dijeron las fuentes- fue Luis Bunge Campos. Lo hizo con el argumento de lo dispuesto por la Corte y en virtud, además, de que ya hay una nueva de ley de subrogancias aprobada por el Congreso, promulgada pero aún no publicada en el Boletín Oficial, que establece un nuevo sistema que le da al fuero Penal Económico la prioridad para intervenir en casos de la Justicia federal. Ahora desde Comodoro Py pidieron que se sortee otro juez, pero seguramente diga lo mismo que Bunge Campos.

El problema de fondo, coincidieron en los distintos tribunales, es la lentitud del Consejo de la Magistatura en resolver viejos concursos trabados por cuestiones políticas aunque también por la burocracia del sistema. De los casi mil cargos que hay en la Justicia Nacional y Federal, el 30% de ellos está vacante y debe ser cubierto por un subrogante que tiene que duplicar su tarea y desatender parcialmente su función natural.

Más allá de la solución transitoria propuesta por Bruglia, la cuestión en la sala I de la Cámara Federal podrá aliviarse próximamente si es el que el Senado aprueba el pliego deMariano Llorens para ocupar la vacante generada casi una década atrás con la renuncia de Gabriel Cavallo. Pero todavía no se sabe cuándo ocurrirá ello e incluso si sucederá, dadas las desaveniencias últimas del oficialismo con el peronismo en la Cámara alta.

Pese a que él también está solo en su sala, Irurzun no pidió al Consejo subrogantes para su tribunal porque considera que el único trámite válido para la designación de un juez es el establecido por la Constitución, es decir concurso, elevación de terna de candidatos al Poder Ejecutivo, elección del presidente por uno de ellos, envío de su pliego al Senado y aprobación del mismo.

Irurzun, que igualmente acompañó con su firma el pedido de Bruglia, reivindica la línea establecida recientemente por la Corte ante el caso de «traslados» y cree que la mejor manera de dar prestigio al desacreditado fuero federal con asiento en Comodoro Py -la cara de la Justicia para la opinión pública- es actuar dentro de la institucionalidad y no con atajos, según dijeron fuentes judiciales.

La histórica Cámara Federal penal porteña que en 1985 juzgó y condenó a los comandantes de la dictadura por las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante sus ocho años de gobierno hace muchos años que está incompleta y este año sufrió tres bajas. Las renuncias de Horacio Cattani y Jorge Ballestero y el traslado a otro fuero de Eduardo Farah. Estos dos últimos quedaron envueltos en sospechas de corrupción por la liberación del empresario kirchnerista Cristóbal López.

Fuente: Clarín