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Un nuevo acuerdo productivo para acercar las posiciones del Gobierno, los empresarios y los trabajadores se firmó esta mañana en Casa Rosada. Al estilo del documento acordado por Vaca Muerta en enero, el sexto sector que firmó con la administración de Cambiemos es el de biotecnología, que atraviesa de forma transversal a la economía desde el desarrollo de medicamentos y combustibles hasta alimentos y bebidas como quesos y cervezas.
«Necesitamos crear herramientas para acercarnos a la pobreza cero, y volvemos a apostar por el diálogo. La Argentina tiene capacidad para innovar», aseguró el presidente Mauricio Macri en un breve discurso en el Salón de los Pueblos Originarios tras la reunión ampliada de Gabinete. La clave esta vez no será una reforma laboral, sino el impulso de beneficios impositivos para acelerar inversiones privadas por USD 670 millones y crear unos 800 puestos de trabajo. Hoy emplean a 4.500 personas.
Para que eso suceda, el compromiso del Estado es finalmente reglamentar la Ley de Biotecnología –sancionada hace 10 años– que funciona como un anticipo de la reforma tributaria con dos ejes claves: la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del IVA en la compra de bienes de capitales.
«La biotecnología afecta a los sectores del agro, de alimentos, farmacéuticos, y les mejora la productividad», aseguró el ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien firmó el acuerdo junto a los ministros Nicolás Dujovne (Hacienda), Lino Barañao (Ciencia y Tecnología), Jorge Lemus (Salud) y los empresarios Hugo Sigman (Grupo Insud) y Alberto Álvarez Saavedra (UIA).
«La Argentina invierte solo el 0,6% del PBI en ciencia. El 85% es del sector público y el resto del privado. Y siempre estuvo relacionado con la competitividad. Este acuerdo ayudará a que el sector privado tenga la responsabilidad necesaria», especificó Sigman, quien se desempeña como presidente de la Cámara Argentina de Biotecnología.
Más detalles del acuerdo
A los beneficios impositivos y al compromiso de inversión se suman al acuerdo dos puntos clave. Las más de 200 empresas del sector –el 70% son pymes– buscarán nuevos mercados para alcanzar un nivel cercano a los USD 450 millones de exportaciones en 2019. El empresario Gustavo Grobocopatel dijo presente en el evento, y se entusiasmó con los avances de lo que será el primer trigo transgénico del mundo.
Sumado a la ley, el Estado también se compromete a bajar los niveles de burocracia al «mejorar los procesos de registro público» de los productos biotecnológicos, en un trabajo conjunto de la ANMAT, el Ministerio de Salud y Agroindustria y la CONABIA.
La gran pregunta que sobrevoló en el Salón de los Pueblos Originarios es por qué la ley no se reglamentó en la última década. Según pudo constatar Infobae con fuentes del sector público y privado, se dilató por una combinación entre la falta de compromiso para invertir por parte de las empresas y la falta de coordinación entre los ministros del anterior gobierno, así como la incertidumbre sobre lo que pasaría con los beneficios impositivos.
Con todo, fuentes de Producción confirmaron a Infobae que el costo fiscal está calculado en unos $80 millones para 2017, pero esperan compensar la pérdida (e incluso apuntan a recaudar más) por la generación de nuevos puestos de trabajo y la llegada de empresas. Una vez más, ampliar la base imponible a la par de bajar impuestos es el movimiento que anticipa la reforma tributaria que llegará al Congreso después de las elecciones.
Fuente: Infobae
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