Otro problema judicial para Sarkozy: será juzgado por tratar de corromper a un juez

El ex presidente de Francia Nicolás Sarkozy será juzgado por el Tribunal Correccional galo por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas



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Tal como lo había solicitado la Fiscalía Nacional Financiera el pasado octubre, también se sentarán en el banquillo el abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, y el antiguo magistrado Gilbert Azibert.

La investigación se había dado por finalizada en 2016, pero diversos recursos extendieron el proceso y los jueces de instrucción firmaron este jueves la decisión de llevar a juicio al ex mandatario. La medida puede ser apelada por los acusados.

Los magistrados habían interceptado el teléfono de Sarkozy ante las sospechas de que pudo recibir financiación del régimen libio de Muammar Gaddafi (1969-2011) durante la campaña que en 2007 le llevó al Elíseo, algo por lo que fue imputado la semana pasada.

En esas escuchas descubrieron conversaciones entre el ex presidente y su abogado de las que se deducía que trataban de obtener, a través del juez Azibert, información secreta de otro sumario que investigaba si Liliane Bettencourt, heredera del imperio cosmético L’Oréal, financió ilegalmente su campaña de 2012.

Algunas de esas conversaciones fueron publicadas en la prensa y dejaban entrever que Sarkozy estaba dispuesto a ayudar al juez a obtener un puesto en Mónaco a cambio de que influyera en la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Bettencourt.

En marzo de 2016, el Tribunal Supremo validó de forma definitiva la casi totalidad de las escuchas al ex presidente sobre las que se sustenta su imputación, lo que dejó abierta la vía para el juicio.

Sarkozy tiene pendiente además un juicio por la presunta financiación irregular de su campaña a las presidenciales de 2012.

Se trata de una supuesta trama de falsificación de facturas para ocultar gastos electorales y burlar así los límites legales, con la que, según la acusación, gastó al menos 42,8 millones de euros frente a los 22,5 millones autorizados.

Fuente: Ámbito


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